Mineros sólo hablarán de sí mismos y quieren establecer una fundación

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Fue en una de sus últimas reuniones de grupo, antes de comenzar con los entrenamientos para el rescate, cuando los 33 mineros decidieron sellar uno de sus pactos más importantes antes de salir a la superficie: no hablar en los medios de comunicación de las vivencias que otros trabajadores hayan tenido en la profundidad del yacimiento San José. Lo que dijeron, sintieron o cómo reaccionaron los otros en determinadas situaciones, sería un tema vedado. Cada uno sólo podría referirse a sí mismo, a sus propios sentimientos y anécdotas. Y tras este pacto, había dos intenciones muy claras: respetar la privacidad de los compañeros y que todos tuvieran una historia que contar.

La importancia del acuerdo llevó a que, incluso, los obreros consultaran a un abogado respecto de la viabilidad de legalizar el tema mediante un documento escrito. La inquietud por mantener en reserva estos aspectos aumentaba en paralelo a sus ganas de salir a la superficie. Por eso, el 1 de octubre pasado, la notaria pública de Caldera, Carolina Moreno, tuvo que dejar atrás la tranquilidad de su oficina de calle Edwards 450 para trasladarse hasta el campamento Esperanza, luego del llamado que los 33 mineros le hicieron a través de sus familias.

En completo sigilo, la abogada se mezcló con los cientos de periodistas y familiares. En la entrada del yacimiento, el sicólogo Alberto Iturra esperaba para trasladarla a través de las instalaciones del yacimiento y guiarla a la sala de videoconferencias.

El problema de los 700

Un par de horas antes de la llegada de la profesional, el equipo de rescate había enviado al fondo del yacimiento una “paloma” que contenía las 33 cédulas de identidad, requisito obligatorio para diligencias de este tipo.

Los obreros le explicaron la urgencia de su llamado: ver la viabilidad de esta propuesta y junto con ello, tramitar -antes de su izamiento a la superficie- la puesta en marcha de una fundación.

El objetivo, le dijeron, era ayudar a mineros de escasos recursos, pero también que les sirviera de canal para negociar el material audiovisual y documental que registraron durante su encierro.

Testigos del encuentro, que duró cerca de 30 minutos, reconocieron que las conversaciones iban bien encaminadas, pero un factor impensado dijo lo contrario. La separación de 700 metros entre la profesional y los mineros haría el acuerdo no válido ante la ley.

“Se podía hacer, pero no era legal porque ellos tendrían que estar al lado de la notaria firmando. Entonces como no están juntos, y están a 700 metros (de profundidad) no iba a ser legal, aunque estuviera la notario mirando”, dijo un testigo del encuentro.

Tras el fracasado intento, los obreros pidieron a Moreno su asesoría para conformar la fundación, la cual podría tardar cerca de un mes. Esto, debido a que los antecedentes deben ser enviados hasta el Ministerio de Justicia.

Prioridad para negociar

La puesta en marcha de la fundación se ha transformado en un tema “prioritario” para los 33 mineros, aseguran sus familias. Esto, ya que no sólo en las videoconferencias han dado luces de su importancia, sino que en las cartas que mandan a la superficie se plasman sus deseos para “negociar en el futuro” a través de la entidad, dice uno de los documento enviados por Yonni Barrios a su familia.

La importancia de la cobertura del rescate y los dividendos que podría rendir se vive con la misma intensidad bajo las toneladas de piedras y tierra. El responsable de llevar un registro diario de lo que ocurre en las entrañas del yacimiento es Víctor Segovia. Con lápiz y libreta de apuntes en mano, el minero de 48 años será quien aporte el material necesario para concretar el libro con las cientos de anécdotas, peleas y horas de angustia que el grupo acordó publicar a través de su fundación.

Su esposa Soledad Morales lo ratifica: “Darán las entrevistas en los medios después de que esté todo establecido, con la fundación andando”, dice.

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