Columna de Renato D. Pezoa Huerta

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Una pugna que se ha librado desde hace ya un par de meses, ha desconcertado a todo el país, desde el ciudadano más oculto y de bajo perfil, hasta a la autoridad más representativa de nuestra voluntad soberana. Y es que no se trata de una manifestación colectiva infundada, y tampoco de un capricho del sector más idealista de nuestra sociedad: los estudiantes.
Los alumnos de distintas entidades educacionales, se han propuesto triunfar por un objeto en común, pero que a lo largo de la historia, ha mostrado una hostilidad con marcados precedentes y muy especialmente, con enfrentamientos que han sido en vano.
Pero si bien todo ha sido producto de una deficiencia administrativa, no se puede desconocer que las falencias más notables, provienen de una serie de estipulaciones Constitucionales en que por un lado, el Constituyente ha establecido normas destinadas a promover la ilegitimidad, tanto por la redacción y puesta en vigencia de una Constitución Política “manoseada” y “poco seria” bajo un gobierno de facto que imperó maquiavélicamente durante casi dos décadas, y disposiciones que resultarían anacrónicas y generalmente, inaplicables en una realidad nacional que no resultó y no resultaría ser “un conejillo de indias” del modelo marcado por la “Escuela de Chicago”, en aquellos duros tiempos de transición de la democracia al autoritarismo militar.
Y es que por los sucesivos intentos de reformas Constitucionales, desde el retorno de la Democracia, hasta la última gran reforma Constitucional del año dos mil cinco, las garantías Constitucionales –que son verdaderos derechos humanos-, consagradas en el capítulo III –y muy especialmente en el artículo 19º- de nuestra Carta Fundamental, se han visto enfrentadas, a las arbitrariedades y contradicciones que el poder político ha manifestado en su forma de gobernar, por no saciar las pretensiones de sus gobernados, y por intentos que no han producido efectos notables.
La Contraloría General de la República, como órgano de jurisdicción administrativa, el Ministerio de Educación y todas las formas institucionalizadas de poder político, no han concordado en todo o en parte con las verdaderas exigencias que hoy presenta el sector más desfavorecido de la sociedad y que incluso, se ha visto investido de propiedad en su lucha, por la adhesión de otro movimiento gremial para potenciar un logro en la obtención de un cuestionado petitorio. Los profesores.
Una propuesta de reforma Constitucional, motivada por la fuerza colectiva de profesores y estudiantes, es un aspecto clave para comprender el carácter de histórico que significaría, reconocer una “educación de calidad” y más aun, como una “educación gratuita e igualitaria para todos”. Es que esto último se enmarca en el concreto e indiscutido hecho de que, si aquellos sectores contingentes conciben y perciben aun más, los resultados esperados, se notaría una “conquista histórica” en materia de Derechos Humanos, por el sólo hecho de los antecedentes que han marcado esta manifestación.
Viéndolo de un punto de vista teórico, o al menos “esperado” en la sociedad Chilena, la educación significa el punto de encuentro masivo en que “se puede observar la igualdad de todos los chilenos”. Concretamente esto es al parecer sólo en un pequeño porcentaje de esta forma, ya que el acceso a la educación básica y media, implica una igualdad que aleja las diferencias sociales, exclusivamente si lo aceptamos del punto de vista estrictamente al espíritu de las disposiciones constitucionales en que la “educación es un derecho”.
Pero si todos tenemos acceso a la educación, situación que no amerita discusión, nuestra pregunta radica en que ¿es la misma educación aquella instruida a un joven de educación media de un liceo municipal, que la de un joven de un liceo particular? totalmente de acuerdo con el lector, la respuesta es “No”. Y esto se puede apreciar tan solo con observar lo esperado en dos jóvenes correspondientes a la situación planteada en esa pregunta, respecto a sus posibilidades de ingreso a una Universidad del Estado que exige un puntaje establecido por el sistema evaluativo de ingreso correspondiente a nuestro Prueba de Selección Universitaria. Indudablemente, el joven del liceo municipal tiene menos probabilidades de ingresar a una Universidad del Estado, y no así, el joven del colegio particular el que, solo por situaciones totalmente ajenas a su desempeño académico, podría no entrar a una Institución de educación superior. Esto último, porque el contenido curricular que si bien es el mismo entre una y otra institución, carece de la “calidad” esperada como punto neurálgico para lograr esa “igualdad en la educación”.
No cabe duda al respecto que todos contamos con un derecho orientado a acceder a la educación, pero los problemas se presentan al momento de plantearse el dilema recurrido en la sociedad estudiantil: ¿Es mi liceo o escuela un colegio de calidad?
La confusión del lector va en concebir esta reivindicación como una “maniobra opositora” al gobierno de turno, y no en apreciar la certeza de este movimiento como un acto colectivo a favor de los Derechos Humanos.
Y es que debe ser tarea del Constituyente, no tan solo garantizar un libre acceso a la educación, sino que esta debe ser de calidad. Pero indudablemente, y por la realidad social de este país, es que también se debería retornar el rol educador a nuestro Estado de Chile.
Siento que esta columna de opinión, rima como una “Espada de Damocles”, por el motivo más fuerte que me ha impulsado a redactarla, y que evidente afecta a Estudiantes, Profesores y hoy, a tantos otros aquellos que se han adherido a una colectiva acción en camino por buscar el reconocimiento, goce, promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Renato D. Pezoa Huerta
Investigador
Museo Provincial del Huasco
Vallenar.
——
Estudiante de Derecho
Universidad de Tarapacá del Estado de Chile.

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