El índice de percepción de la corrupción que lleva a cabo el Instituto de Libertad y Desarrollo es bastante discutible: con un universo de 348 empresarios consultados, la corrupción en Chile parece muy baja. Un extranjero, de paso por Chile, con acceso a este estudio se impresionaría con nuestra “probidad”. Por supuesto, no conoce nuestra historia, no conoce la extraña similitud entre un robo realizado por un pobre, que constituye un delito, y el cometido por un director de empresas, que es apenas un error.
Según la encuesta de LyD, las instituciones más corruptas son las municipalidades, seguidas de las empresas del sector público y de los hospitales; las más honestas resultan ser el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría.
Nada de raro encontrar que las municipalidades sean las más corruptas, pues los alcaldes son verdaderos reyes en sus comunas, y los concejales, prácticamente, no los fiscalizan, mucho menos los vecinos. Estamos en una reproducción de una monarquía excluyente a nivel comunal.
Si leemos la historia de Chile, el sueño de la Comuna Autónoma, propiciada por los conservadores, se convirtió en una verdadera inercia de falta de fiscalización y, por ende, de corrupción.
En estos días, el diario El Mostrador ha dado a conocer el caso de cohecho cometido por, nada menos, que el actual presidente de la Asociación de Municipalidades. Como un ejemplo más de corrupción perpetrado por el duopolio político, la cabeza de esta Asociación se reparte entre la Concertación y la Coalición.
El alcalde de Colina, Mario Olavarría, habría recibido de Francisco Leyton, representante de TOTTUS, la suma equivalente a 6 mil UF, algo así como 120 millones de pesos; este cohecho se habría realizado por medio de un complejo sistema de mediaciones. El agente inmobiliario Nabil Mansur había usado como intermediario al jefe de gabinete del alcalde, Domingo Soto, quien depositaría en la cuenta corriente del edil, 23 millones de pesos, hasta llegar a completar los 120.
El alcalde tiene una serie de empresas, entre ellas Inversora Patagonia y Dacsa, que recibían depósitos de parte de Falabella. Por un acuerdo judicial, sin condena, afortunadamente, la Corte de Apelaciones anuló ese acuerdo, considerando que Leyton, Mansouer, el mismo alcalde y su ex jefe de gabinete, Soto López, eran susceptibles de ser juzgados por presunto cohecho.
Los operadores políticos de la Concertación – que con mucha razón fueron condenados por la opinión pública – tienen muy buenos émulos en el gobierno de los empresarios. Domingo Soto López, por ejemplo, en la dictadura fue asesor de Sergio Fernández, en ese entonces ministro del Interior y, posteriormente, senador designado. Mario Olavarría, a su vez, fue asesor de Joaquín de Lavín.
El 19 de junio pasado, Jorge Navarrete publicó en su habitual columna en La Tercera que “un buen amigo me alertó sobre la preocupación que invade al gobierno por el hecho de que escándalo La Polar pueda afectar todavía más a la ya alicaída adhesión política del Ejecutivo *nos llueve sobre mojado*, fue la frase con la que me resumió dicho temor”. Termina diciendo que ya la gente no cree que tengan muchas ganas de fiscalizar a sus “compañeros de columpio”.
Se hace imprescindible emprender una reforma del sistema municipal, donde se garantice la participación ciudadana, se instauren más poderes fiscalizadores de los concejales y, sobretodo, se combata a aquellos municipios que están podridos por la corrupción. Ninguna de estas reformas puede llevarlas a cabo la Concertación, ni la Coalición. Los operadores de la actual oposición resultaron ser demasiadas veces corruptos y los de la Coalición por el Cambio acumulan innumerables conflictos de intereses.
Cristian Warner, Secretario General Partido Progresista
Fuente y foto: Elquehaydecierto.cl
