Diversos proyectos y sus inversiones ubicados en la Provincia del Huasco trabados por resistencia de comunidades

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Hoy es el tema obligado de conversación entre los principales empresarios y ejecutivos del país. No se trata de una preocupación ligada a la marcha de la economía, sino de una percepción de incertidumbre en cuanto al clima para invertir y desarrollar proyectos. En ese marco, dicen los privados, se explica la decisión de Colbún, generadora del grupo Matte, que recomendó postergar la tramitación ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén, porque “no estaban dadas las condiciones de una política energética consensuada”. Endesa, su socia, aún no decide el futuro de la iniciativa.

Esa determinación, indican en el mundo privado, da cuenta de una inquietud que trasciende al rubro energético y cruza a distintas industrias y sectores productivos: la dificultad para materializar proyectos de inversión debido a la oposición que enfrentan. “Colbún lo puso sobre la mesa, pero en un tema que preocupa a todos y que afecta de manera transversal a los distintos rubros”, apunta un empresario del retail.

En la actualidad, hay más de US$20.000 millones en grandes proyectos de inversión dilatados debido a la resistencia de las comunidades, expresado y canalizado esto de distintas maneras. Tomando en cuenta el catastro 2011 de proyectos de inversión elaborado por la Sofofa, las 100 mayores iniciativas privadas para los próximos años -hasta el 2020- suman US$124.616 millones. De ese universo, hay ocho proyectos que presentan dificultades -en diferentes grados y fases de su tramitación- por oposición de las comunidades y que suman US$22.084 millones, cerca del 18% de ese total de iniciativas. De ellos, siete corresponden a desarrollos eléctricos por más de US$18 mil millones. Esta industria fue recibida en La Moneda el viernes por el Presidente Sebastián Piñera, quien se comprometió a acelerar la agenda sectorial y los cambios legales comprometidos.

“Existe una preocupación clara y creciente por la dificultad que hoy enfrentan los proyectos en diferentes ámbitos, y el riesgo de que esto se pueda masificar”, afirma Lorenzo Constans, presidente de CPC. La inquietud radica en que la institucionalidad técnica no da certezas a un inversionista de que podrá concretar un proyecto. Es decir, no basta con tener las aprobaciones ambientales y permisos que la normativa exige para garantizar el desarrollo de una iniciativa en los plazos y costos planificados. El principal riesgo que  se menciona es la creciente judicialización, como la que afecta al complejo termoeléctrico Castilla y a la iniciativa minera El Morro. Pese a contar con aprobación ambiental, la discusión de ambos se trasladó al terreno judicial, dilatando los plazos.

“Existe una mayor judicialización que retarda la puesta en marcha de los proyectos”, señala Andrés Concha, presidente de la Sofofa. Y agrega: “La institucionalidad administrativa ha sido puesta en duda por algunos fallos que últimamente han dictado las cortes”.

Las críticas de los empresarios apuntan a que los tribunales no son la instancia adecuada para pronunciarse sobre el fondo técnico de un proyecto, sea eléctrico, minero o de otra naturaleza. En el gobierno están conscientes de esa realidad y afirman que gran parte de los conflictos que surjan con las comunidades debieran resolverse en los futuros tribunales ambientales. En enero, el Congreso aprobó la ley que crea tres tribunales que estarán instalados en Antofagasta, Santiago y Valdivia, los que tendrán jurisdicción en las 15 regiones del país. El Ejecutivo espera que a fin de año comience a operar el de la capital y, en 2013, los dos restantes. “Si bien siempre las oposiciones podrán derivar a los tribunales ordinarios, esperamos que los proyectos cuestionados se discutan previamente en el tribunal ambiental, lo que agilizará la tramitación y resolución de las causas”, afirma un personero de gobierno.

A juicio de los empresarios, los proyectos se han visto más entrampados tras la implementación de normativas específicas, como fue la Ley de Bosque Nativo y, ahora último, el Convenio 169, del cual no existe claridad sobre su aplicación.

En el gobierno señalan que están trabajando por agilizar los proyectos y hacer menos burocrática su tramitación. Indican que hay US$ 3.000 millones en proyectos eléctricos que están detenidos por diversas trabas administrativas, pero, aseguran, el Comité de Agilización de Proyectos, dependiente de Economía, ha logrado destrabar varios otros.

EL POLÉMICO CONVENIO 169

Un elemento de gran incertidumbre para los inversionistas es el Convenio 169. En septiembre de 2008 -durante el gobierno de Michelle Bachelet-, el Estado chileno ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otros aspectos, establece un marco legal de protección de los pueblos indígenas y fija mecanismos de consulta cuando se vean afectados por proyectos. En septiembre de 2009 entró en vigencia. Sin embargo, “el convenio carece de reglamentos que definan cómo se debe cumplir con él”, señala René Muga, presidente de la Asociación de Generadores, y han sido los tribunales, agrega, los que han zanjado la discusión.

En abril, la Corte Suprema  acogió el recurso interpuesto por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, que paralizó el proyecto minero El Morro, de la canadiense Goldcorp, mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas. A su vez, otro pronunciamiento de la justicia en igual dirección  suspendió el parque eólico Chiloé, de la chileno-sueca Ecopower.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señala que el Convenio 169 “requiere de normas que permitan su ejecución. No es autoejecutable. Ante el silencio de los legisladores y de la autoridad regulatoria, han sido los tribunales de justicia los que han venido a suplir este vacío, aplicando distintos criterios a lo largo del tiempo, que lejos de aclarar el punto han contribuido a la incerteza”.

El sector minero mira con especial preocupación la consulta a los pueblos indígenas. “Nadie sabe a ciencia cierta cómo, ni a quién, ni cuándo se debe consultar”, indica Villarino. Por lo mismo, altas fuentes mineras indican que representantes de El Morro pedirán una reunión con la cartera de Medio Ambiente para clarificar ese tema.

El Ejecutivo está consciente del ruido generado por el Convenio 169. El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, cartera de la cual depende el tema indígena, reconoce que “estamos preocupados por lo que ha ocurrido en el último tiempo, en que se ha judicializado este tema”. Agrega: “Nuestra responsabilidad es que las reglas del juego estén claras y la normativa se cumpla. Sabemos que hay incertidumbre empresarial y también de las propias comunidades indígenas. Llevamos tiempo trabajando en este tema y tenemos la instrucción del Presidente de acelerar este proceso”.

El gobierno está trabajando en dos frentes. Uno es el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que introducirá una consulta indígena especial dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y, además, sumará un mecanismo de consulta para los proyectos que requieran procesos de evaluación ambiental más simples, como es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). “ Estas consultas serán separadas del proceso de participación ciudadana, aunque tendrá los mismos plazos”, indica el director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro.

A fines de mayo, el Comité de Ministros del Medio Ambiente visó al reglamento y éste fue enviado al Presidente. Se espera que esté operativo durante el tercer trimestre.

En paralelo, explica Lavín, se trabaja en elaborar un proceso de consulta indígena que sea consensuado con los pueblos originarios, más amplio que el reglamento que regirá a los proyectos privados, y que será la manera en que el Estado haga sus consultas en temas de política pública. “Esperamos tenerlo listo en diciembre”, dice Lavín.

Mientras tanto, las comunidades se organizan para enfrentar otros proyectos. En la comunidad diaguita adelantan que exigirán hacer procesos de consultas a otros proyectos de la Tercera Región, entre ellos, El Relincho, de la canadiense Teck. En la minera responden que “estamos comprometidos a dialogar y relacionarnos con todas las comunidades vinculadas con nuestros proyectos y operaciones”.

Otro obstáculo es la lenta tramitación. “Hemos visto proyectos mineros que desde que inician su tramitación hasta que se ejecutan requieren más de 700 permisos diferentes, de servicios públicos muy diversos”, detalla Villarino.

Todo lo anterior, añade Muga, se traduce en una falta de certeza jurídica que retrasa los proyectos. “Hoy no tenemos oferta de energía barata, porque los proyectos no se pueden hacer en los tiempos programados. Desarrollar proyectos es una aventura, porque al riesgo propio del negocio se suma una incertidumbre muy grande”, afirma Sebastián Bernstein, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y coautor de la ley eléctrica. Y agrega: “El país requiere de 8.000 megawatts (MW) adicionales en los próximos años para hacer frente al alza de la demanda que se espera. Pero muchos proyectos están paralizados. Estamos ad portas de una crisis real, que si seguimos así se producirá en 2015 ó 2016”, dice.

Share Button
:: Articulo visto 13 veces ::

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO
Un producto de ComuniKT Consultores
Talca 626, oficina interior
Teléfonos:
85550469 - 68042790
Email:
elnoticierodelhuasco@gmail.com
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD

"Las opiniones vertidas en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de El Noticiero del Huasco ni de ComuniKT Consultores"

video destacado

indicadores económicos CHILE

Lunes 20 de Noviembre de 2017
  • UF: $26.672,55
  • Dólar: $630,41
  • Euro: $742,27
  • IPC: 0,60%
  • UTM: $46.692,00
  • Imacec: 1,30%
  • Libra de Cobre: 3,06