Tras la aprobación del proyecto central de Endesa para la termoeléctrica Punta Alcalde, ubicada en Huasco, por parte del Comité de Ministros, los opositores a la iniciativa energética han expresado que están estudiando recurrir a la justicia para revertir la situación y evitar su construcción.

Esta vía es respaldada por grupos ambientalistas, quienes estiman que están los argumentos necesarios para que los Tribunales fallen a su favor, aunque muestran preferencias por la justicia tradicional sobre la nueva alternativa de los Tribunales Ambientales.

El pasado 3 de diciembre el Comité de Ministros acogió por unanimidad la reclamación presentada por Endesa a la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que a fines de junio rechazó el estudio ambiental de su proyecto termoeléctrico.

Quienes se oponen a la construcción de la central actualmente están a la espera de la notificación de la aprobación del Comité de Ministros, para definir las estrategias legales que están analizando. De concurrir a la justicia uno de las opciones que tienen es acudir al Tribunal Ambiental, ya que éstos deberían comenzar a funcionar a fines de diciembre.

El director del observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Lucio Cuenca, afirmó que “es un caso en que por las condiciones que se cambio la resolución ambiental deja abierta muchas posibilidades de acción legal. Se están usando mecanismos para validar el proyecto, que desde nuestro punto de vista, son cuestionables y podrían ser ilegales”.

Cuenca precisó que aún no se puede tener claridad de las acciones que se tomarán ya que “el gobierno no ha entregado la resolución, entonces tampoco uno puede aventurarse a definir la acción legal que hay que seguir”.

Por su parte Sara Larraín, directora de Chile Sustentable explicó que en este caso “hay una tremenda inconsistencia en la solución que se planteó y obviamente la población y las autoridades locales van a ir a tribunales con motivo de hacer notar de que aquí el gobierno le ha dado la luz verde a un proyecto con altas emisiones en una zona que está en latencia”. “Nuestra evaluación es que ciertamente la comunidad va a ganar en los tribunales de justicia”.

En tanto, Samuel Leiva coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile, destacó que la alternativa de concurrir a instancia legales para resolver casos ambientales se ha dado en otras oportunidades como el proyecto Castilla que finalmente fue declarado ilegal por la Corte Suprema.

“Son medidas absolutamente legitimas para defender el estado de derecho cuando la gente siente que no se ha respetado en las decisiones administrativas”, afirmó.

A juicio del integrante de Greenpeace “hay argumentos jurídicos bastante claros para poder avanzar en este sentido, pero cada uno de los que emprendan esa iniciativa tendrán que definir cuáles son los puntos más importantes para destacar en la Corte”.

Tribunales Ambientales en duda

Si bien los ambientalistas apoyan la idea de llegar a instancias legales para impedir que se construya Punta Alcalde, consideran que es difícil que los Tribunales Ambientales sean los que acojan las acciones legales que podrían interponer los opositores al proyecto, ya que los tiempos están muy encima y lo más probable es que no comiencen a funcionar en las fechas indicadas.

Lucio Cuenca de Olca destacó que “de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado con los anuncios de las autoridades, es un caso que debiera ir a los tribunales normales, porque no sabemos en qué condiciones y cómo se podría presentar este caso a los Tribunales Ambientales”.

“El instrumento legal para enfrentar esa situación sigue siendo el recurso de protección, los tribunales ambientales no remplazan las medidas cautelares que se pueden medir a partir de los tribunales normales, como es el caso de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, por lo tanto se podrían entablar acciones de forma paralela buscando distintas maneras de revocar la decisión del consejo de ministros”, agregó el director de Olca.

A juicio de Sara Larraín de Chile Sustentable “el Tribunal Ambiental puede ver cualquier tema vinculado a una irregularidad en cualquier procedimiento ambiental, por lo tanto acá hay un procedimiento administrativo y perfectamente la comunidad pueda recurrir al tribunal ambiental”, aunque aseguró que lo más probable es que no estarán habilitados en los tiempos estimados por lo que los más probable es que “la comunidad va a ir a tribunales civiles normales”.

Por su parte, Samuel Leiva de Greenpeace precisó que “hay que tener en cuenta que si bien la controversia administrativa va a un tribunal especializado igual es un tribunal menor y uno podría igual escalar en una apelación a la Corte Suprema, es una novedad, pero no es el punto final”.

“Lo que puede suceder es que la corte de apelaciones pueda declararse incompetente al existir un tribunal especializados, pero es un paso que hay que ver en función de dónde ingresa o dónde se pueda ingresar este tipo de iniciativa, pero eso depende de la jurisprudencia que se declare el propio tribunal”, afirmó Leiva.