Una investigación criminal abrió el Ministerio Público por los delitos de fraude y prevaricación en contra de los abogados Lorenzo Soto Oyarzún y Alex Quevedo Langenegger.

Esto luego de que integrantes de la comunidad indígena Diaguita Placeta denunciaran a los abogados por incurrir en una serie de supuestos actos delictivos a fin de alcanzar un acuerdo con los encargados del Proyecto Pascua Lama en Chile, la Compañía Minera Nevada (Barrick).

A la denuncia se sumaron representantes de la comunidad Chihuinto de Alto del Carmen.

En el escrito se consigna que diversas comunidades Diaguitas contrataron los servicios de los cuestionados juristas para representar sus intereses y ejecutar labores consistentes en la realización de todos los actos judiciales y extra-judiciales pertinentes para evitar la ejecución del proyecto Pascua Lama. Lo anterior, debido a que para los denunciantes, la iniciativa “no es viable y en ningún sentido respetuosa de los derechos y pretensiones de las comunidades que habitan en la zona”.

Luego, en mayo de 2014, Barrick y las comunidades representadas por Soto y Quevedo llegaron a un acuerdo para viabilizar el proyecto. “Los abogados Soto y Quevedo nos engañaron a nosotros y al resto de los comuneros que participaron en las asambleas de la Comunidad Indígena Diaguita para la ratificación del Memorándum, ya que en ningún momento nos comunicaron el contenido detallado del acuerdo, ni lo que implicaba su aprobación, sino todo lo contrario, nos solicitaron que votáramos a favor de un documento que significaría recursos económicos para las comunidades y asociaciones indígenas, siendo la mejor opción para ellas, sin develarles lo que la ratificación significaba para Pascua Lama, a saber, la continuación del proyecto sin intervención ni oposición alguna de las comunidades y las asociaciones”, acusan integrantes de la Comunidad Indígena Placeta.

A la fecha la investigación está en manos del Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Vallenar, Alejandro Vidal Baeza.

El persecutor durante las últimas semanas ha continuado la investigación, tomando la declaración de los denunciantes Placeta para luego seguir con los integrantes de Chihuinto.

De acuerdo con la denuncia, que tiene en sus manos el fiscal, las acusaciones en contra de los abogados apuntan incluso al dinero que habrían recibido los abogados para cerrar el acuerdo.

Según el escrito el acuerdo produjo un rédito económico de importancia a los abogados mencionados, siendo que en el contrato se estableció que los costos serán asumidos por ellos y que eventualmente en caso de negociación o indemnización recibirán una parte de lo entregado a las comunidades indígenas diaguitas.

Soto es un reconocido representante de comunidades, que con un activo rol en la judicialización de Ralco, El Morro y Barrancones, se generó una reputación temida por las grandes empresas mineras y eléctricas.

Defensas

Frente a las acusaciones los aludidos se defienden y cuestionan proceder de los integrantes de las comunidades denunciantes.

El abogado Lorenzo Soto respondió que “es habitual para quienes hemos logrado paralizar el proyecto Pascua Lama para lograr un acuerdo del más alto nivel, que ha tenido repercusiones internacionales, que existan cuestionamientos de todo tipo”.

Soto explica que los denunciantes son algunos integrantes de las mencionadas comunidades y que él aún es el representante de las 17 comunidades Diaguitas, incluyendo las dos donde participan los denunciantes. “No me puedo hacer cargo de rumores o pretensiones de terceros que no me constan”, dijo Soto.

Por su parte, a través de una declaración Barrick respaldó el memorándum de entendimiento alcanzado con las comunidades Diaguitas.

“El MOU es un proceso ya concluido dónde Compañía Minera Nevada actúo con total transparencia y de buena fe, fue un trabajo que duró un año y cumplió con sus objetivos a entera satisfacción de las partes”, consignó Barrick. Desde la firma canadiense aseguran que el problema surgido no le atañería, porque está vinculado a tercero.

Fuente: Pulso