Provoste destaca Reforma al Código de Aguas y aseguró que “establecerá un conjunto de privilegios para las comunidades”

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Asegurando que “hay sectores que han desinformado a la ciudadanía para evitar que la reforma al Código de Aguas se apruebe “, la diputada por la región de Atacama Yasna Provoste, destacó hoy “los cambios históricos” que representa la iniciativa que ingresó al Congreso en el 2011 y que recibió una indicación sustitutiva en el 2014, calificando el proyecto como “fundamental para ir avanzando hacia una mayor justicia hídrica en el país”.

 La parlamentaria durante el debate en sala, discusión que culminará esta tarde con la votación de la iniciativa, expresó que “este nuevo código de aguas establecerá un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para comités de agua potable rural, para comunidades agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan agua, los que  establecen una solicitud para un proyecto que nunca que concreta, no comen ni dejan comer, no utilizan las aguas y no dejan que pequeños agricultores puedan acceder a ellas”.

 A lo anterior, agregó que “ya hemos visto a empresas haciendo devolución de derechos de agua que ellos han tenido por años y que nunca han concretado iniciativas, este código de agua establece un plazo para concretar las obras y si no, esos derechos caducan y vuelven al estado”

 La propuesta legal plantea: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir (social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.); generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

Entre las normas planteadas, se determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

 Los derechos de aprovechamiento, otorgados en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código. En este marco, por ejemplo, se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque se advierte que ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. Así, en línea con lo anterior, se permite que la autoridad definir un plazo menor.

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