Ministro Antonio Ulloa: “Existe una preocupación constante por cualquier vulneración de derechos que afecte a un menor en una residencia”

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El ministro encargado de los temas de Familia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Antonio Ulloa, aseguró hoy –viernes 20 de enero- que siempre ha existido “una preocupación constante de parte de esta Corte y de los jueces de la jurisdicción respecto a cualquier vulneración de derechos que esté afectando a un menor en una residencia perteneciente o que dependa del Sename, y también cualquiera vulneración que implique la comisión de un delito”.
Ello, en relación con una investigación que lleva adelante el Ministerio Público, sobre una presunta red de explotación sexual infantil en Freirina, que involucra a tres niñas dela Residencia “Maravilla” de esa comuna, dependiente de un organismo colaborador del Sename, cuya investigación se inició gracias a información aportada por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de esa ciudad.
“Dentro de la función de cautela y de tutela de derechos que tiene en este caso, el juez de Freirina -Eduardo Fritz-, cada vez que toma conocimiento de un hecho que puede revestir caracteres de delito, puede hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público. Al respecto, el magistrado Fritz lo hizo apenas tuvo conocimientos de los hechos en 2015, y se comunicó esta información a este ministro, como ministro encargado de los temas de Familia en la jurisdicción”, explicó.
Sobre el particular, agregó que “yo, personalmente, a través de un procedimiento de pleno, puse en conocimiento de este hecho a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, sin perjuicio de lo cual he solicitado en forma reiterada al Ministerio Público que informe a este ministro el estado de esa causa. Se puso también en conocimiento de los hechos al Sename, se pidió informe a la seremi de Justicia de Atacama, para los fines pertinentes”, afirmó el ministro Ulloa.
En este sentido, reiteró que ha existido una especial dedicación del Poder Judicial en la jurisdicción de Copiapó en resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las residencias.
Sobre el caso, el juez titular del Juzgado de Garantía de Freirina, Eduardo Fritz, recordó que “dado que estas niñas permanentemente se fugaban de la residencia, el Juzgado de Familia dictaba órdenes de búsqueda. En ese contexto, se descubrió situaciones que daban cuenta de una posible vulneración de derechos, por lo que en atención a las facultades que le otorga la ley al tribunal, dio una orden de investigar a Carabineros, para que recabara antecedentes dentro de una medida de protección de estas tres niñas”.
Recordó que “en septiembre de 2015, pusimos en conocimiento del Ministerio Público esta situación porque en el Juzgado ya teníamos antecedentes y la vulneración de derechos estructurada. Había vulneración de derechos, explotación sexual infantil y, por lo tanto, como estos antecedentes nos ilustraban de la posible comisión de un delito, los derivamos al Ministerio Público para que investigaran las eventuales responsabilidades penales”.
“En lo que respecta al Juzgado de Familia, se tomaron algunas decisiones en conjunto con Sename, para trasladarlas a otras localidades, para resguardar a la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de la residencia, unos 33 o 34 en esa fecha”, recordó.
En ese sentido, destacó que el Juzgado de Freirina hizo su trabajo a tiempo, se abrieron las causas de medidas de protección, “se preocupó de ubicar a las niñas en residencias que pudiesen reparar el daño -porque no podemos olvidar que estas niñas son víctimas- y de proteger a los demás niños, niñas y adolescentes del hogar”.
Cabe recordar que el juez (s) del tribunal freirinense, Gianni Pozzo, decretó el pasado jueves, 19 de enero, prisión preventiva para seis de los detenidos y arresto domiciliario total para cinco de ellos, por los delitos imputados por el ente persecutor de favorecimiento a la prostitución de menores y obtención de servicios sexuales de menores de edad, además de violación impropia en el caso de cuatro de los detenidos. Del mismo modo, el tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.

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