La ministra de Bienes Nacional, Nivia Palma confirmó que el terreno en Totoral donde 13 avionetas aterrizaron sobre el Desierto Florido son privados. La intendenta de Atacama, Alexandra Núñez comentó que esta situación complica la posibilidad de sancionar a los pilotos.

Ayer se reunió de forma urgente la Comisión Desierto Florido en la capital regional para discutir el incidente de las aeronaves. Núñez informó que la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) de la Policía de Investigación (PDI) está recabando antecedentes de lo sucedido.

La máxima autoridad regional destacó el rechazo de la población por lo sucedido porque «esto da hitos de que la comunidad ha instalado el Desierto Florido como parte de su patrimonio personal». La intendenta sinceró que «el desafío es cómo vamos avanzando cada vez más de forma rigurosa y dinámica en la protección de nuestro patrimonio».

Cabe señalar que la investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sigue y sería la única sanción que tendrían los pilotos por aterrizar sin permiso. Según el Código Aeronáutico, las infracciones a esta normativa pueden ser sancionadas con amonestaciones escritas, multas de entre cinco y 500 ingresos mínimos mensuales (sobre $100 millones), la suspensión de los permisos o licencias por hasta tres años o incluso la cancelación definitiva de éstos.

Diario Atacama