Robles: “Las empresas que se instalen en Atacama deben tener responsabilidad social empresarial”

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“Atacama según datos de la CASEN supera el 20% de pobreza y se sitúa entre las regiones con mayores carencias en el país. Esta situación – que contrasta con las potencialidades de la zona – se ve profundizada por la falta de oportunidades laborales, debido a la escasa inversión que se ha realizado en los últimos años y a la ralentización de las inversiones en marcha”. La realidad antes descrita motivó a Alberto Robles a generar una iniciativa que permita la creación de un organismo público privado, que sea garante de que las inversiones en la zona se desarrollen en concordancia con el cumplimiento de los compromisos sociales que se adquieren con el territorio.

Al respecto el parlamentario señaló que “junto al ex Gobernador del Huasco, Armando Flores, hemos estado trabajando en una idea que creemos debería contribuir a generar soluciones a los problemas asociados con las inversiones en la región. La falta de diálogo y las empresas que no cumplen con los compromisos con la comunidad han sido la tónica en Atacama y esto no sólo perjudica a las empresas y a la reputación regional, es también un golpe directo a la empleabilidad y a la carencia de fuentes laborales que permitan a los habitantes de la zona optar a un trabajo aquí en su propia tierra, sin tener que emigrar en busca de mejores oportunidades para sostener sus hogares”, explicó.

Alberto Robles agregó que “no se trata – como algunos plantean – de reactivar proyectos o apurar otros, creo que no es la solución a largo plazo, porque si unilateralmente se da carta blanca a las empresas sin llegar a acuerdo con las comunidades, las expectativas se derrumbarán como un castillo de naipes. Esto no es responsable, no es lo que las comunidades esperan de sus autoridades, porque se necesitan proyectos en armonía con la ciudadanía, que generen valor compartido y eso es justamente lo que esperamos que este organismo promueva”.

El candidato al senado agregó que “un organismo con estas características, que fiscalice el cumplimiento de los acuerdos voluntarios adoptados por las empresas, el trato con los pequeños y medianos empresarios de la zona, pero que a su vez pueda mediar en el diálogo con las comunidades es vital, ya que hemos sido testigos de que cuando se generan los problemas todo el mundo se desentiende, el gobierno de turno dice que es problemas entre privados y los privados dicen que ellos cumplen con la normativa… tenemos que evitar llegar a estos extremos irreconciliables, porque estas posturas son las que perjudican no sólo a las empresas, sino que principalmente a los habitantes de los territorios que quieren que se genere este desarrollo sostenible, responsable con el medio ambiente y que se instalen empresas que respetan tanto a sus trabajadores como a sus prestadores de servicios”, puntualizó.

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