Aguante el boletareado

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Los últimos criterios de jurisprudencia judicial y administrativa sobre honorarios #SoyHonorario

En titulares de este medio se anunció el despido de 50 trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Vallenar. Otro tanto está ocurriendo en el resto de los Municipios del país, y probablemente a fin de año la epidemia de “no renovaciones” de contratos a honorarios golpeará con fuerza al “boletareado” nacional. Volverá a ocurrir en marzo tras el cambio de Gobierno. Pese a que la situación de los “honorarios” en la Administración Pública se analiza cada cierto tiempo en el foro público, a nivel legislativo las soluciones han sido más perjudiciales que beneficiosas, aumentando el impuesto que se descuenta a los honorarios y cargándoles además con la obligación de cotizar, con pingües efectos positivos sobre su laguna previsional y que más parece una fórmula de financiamiento fresco para las AFPs. A eso se suma la comodidad de los servicios públicos a la hora de terminar sus contratos, sin derecho a indemnización alguna, todo conforme a la letra de sus contratos, y respaldados en la actitud excesivamente legalista que ha mantenido Contraloría hacia estos trabajadores. 

Ante esta situación, han debido ser los tribunales laborales y las Cortes del Poder Judicial los que han comprometido un análisis reparatorio y de justicia con los trabajadores del Estado históricamente precarizados. Los tribunales han dicho de manera uniforme e invariable, desde hace al menos un lustro, que en aquellos casos en que se logra acreditar que la persona natural que presta servicios a honorarios en la administración, no se enmarca en las hipótesis del estatuto administrativo respectivo, esto es, que sus labores no son accidentales sino habituales y sus funciones no son específicas sino que genéricas, y se acredita por tanto el vínculo de subordinación y dependencia con el ente público, el estatuto que protege a esos trabajadores no es el administrativo sino el del Código del Trabajo y por lo tanto corresponde aplicar dicha normativa a la relación laboral en materia de término de contrato, indemnizaciones y pago de cotizaciones. Recientemente, los Tribunales Superiores han avanzado inclusive hacia la tesis de la nulidad del despido aplicando la Ley Bustos. 

No obstante lo rotundo de la jurisprudencia de tribunales, los servicios públicos insisten en negar la realidad objetiva y han optado por mantener en la precariedad a esos trabajadores, lo que denota una abierta vulneración de derechos fundamentales hacia una parte de sus trabajadores por parte del Estado de Chile, que de no ser por la intervención del Poder Judicial, quedarían en la más completa indefensión. Lamentablemente, esto significa que esos trabajadores necesariamente han de transitar un juicio y obtener una sentencia, cuestión que podría evitarse si la Administración reconociera desde un principio el verdadero estatuto que rige a ese personal que por años viene “boleteando”, y al poner término a sus contratos, como mínimo pagara lo que corresponde a todo trabajador, en vez de tratarlo como un sujeto de segunda categoría, que es lo que ocurre cuando se efectúa esta arbitraria discriminación de legalidad solo aparente.

A pesar de la actitud estrictamente legalista que ha asumido la Contraloría de forma histórica en la materia, profundizando la precarización y vulneración de derechos fundamentales, ha pasado desapercibido entre los servicios públicos, el criterio contundente e innovador del actual Contralor Nacional Jorge Bermúdez, quien a través del dictamen 14.498.- del 2019, y ampliado el 2020 a los municipales, ha reconocido que tras 50 años de aplicar una jurisprudencia uniforme y estrictamente legalista en la materia, Contraloría reconoce finalmente que las personas contratadas a honorarios que prestan servicios habituales, “en la práctica cumplen funciones asimilables a las de una funcionaria pública, pero que por un hecho no imputable a ellas, como lo es la rigidez de la normativa de la administración que restringe la cantidad de cargos con el que cuenta el servicio contratante para desarrollar sus funciones usuales, han sido contratadas bajo una figura excepcional y transitoria, como lo es la prestación de servicios sobre la base de honorarios” y concluye quetal presupuesto no puede ser obstáculo para dar cumplimiento a las garantías y principios protectores reconocidos universalmente”.

Este dictamen establece un criterio directamente aplicable a ese tipo de honorarios y como tal, obliga a las autoridades a dar cumplimiento con las garantías del estatuto laboral respecto de ellos, sin tener que esperar una decisión judicial. Sin embargo, como observamos en las desvinculaciones que se están produciendo, la autoridad ha preferido refugiarse en el anterior criterio legalista y reducido de Contraloría, probablemente para hacer cupo a su nuevo equipo de trabajo, antes de aceptar la realidad de esas vinculaciones de sus honorarios que ejercen labores habituales, y soslayando respetar los derechos fundamentales de trabajadores que, con una enorme laguna previsional, han dedicado largos años de su vida a un servicio en la Administración sin más garantías que su propio desempeño.

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