Una demanda laboral por declaración de existencia de relación laboral; despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y cotizaciones previsionales es la que interpuso el ex encargado de comunicaciones del municipio de Vallenar, Pablo Barrera Ahumada, contra la administración de Armando Flores Jiménez.

El periodista que fue desvinculado el 31 de julio pasado, presentó esta acción judicial cuya audiencia preparatoria se realizará hoy miércoles a las 10 horas en el 1er Juzgado de Letras de Vallenar.

En el documento de la demanda laboral, se expresa que “durante la vigencia de la relación laboral según aparente, formal y falso contrato de honorarios prestó labores de encargado de comunicaciones y relaciones públicas de la Municipalidad…, ejerciendo la jefatura del área por su profesión de periodista. Sus labores consistían en cubrir todas las actividades municipalidades, coordinar reuniones e interacción con la prensa, el fortalecimiento y gestión de la comunicación de los departamentos de la Municipalidad, coordinación de actividades municipales en terreno, gestión de actividades del alcalde, control y supervisión de redes sociales. Estas funciones obedecían a funciones normales de prensa de la Municipalidad y la idea del Municipio de implementar mejoras del programa de comunicaciones y relaciones públicas de la Alcaldía”.

Asimismo, da a conocer una situación preocupante, donde señala que “el sr. alcalde y su esposa le daban órdenes e instrucciones directas de trabajo, incluso mediante la aplicación Planner le fijaban labores, encargos y planificaciones, le imponían horarios de trabajo tanto en la jornada ordinaria semanal como en actividades extraordinarias fuera de horario normal, le indicaban y asignaban el lugar de trabajo desde el cual debía funcionar, le señalaba prioridades, la metodología operacional de funcionamiento, le fijaban los contenidos de sus actividades…”. 

En la declaración, Barrera comenta que Flores le comentó que era parte de su grupo de confianza y que “regularizaría” su situación, dejándolo como funcionario a contrata dentro del municipio, sin embargo, debió firmar un nuevo contrato de trabajo en julio de este año, el que finalizaba en septiembre y que en palabras del alcalde, no pudo pasarla a otra figura contractual debido a “una “crisis interna” que obligaba a parcelar los contratos, firmando varios documentos bajo esta figura”.

Sin embargo, mientras Barrera realizaba labores administrativas ajenas a su profesión, y al momento de buscar documentación del equipo de trabajo encuentra un documento que hacía referencia a su persona. Dicho papel“indicaba que la duración de sus servicios concluiría el 31 de julio, lo que no se condecía con lo informado por el alcalde, la regularidad y normalidad con la que prestaba sus funciones e inclusive con la documentación que empleaba la alcaldía para respaldar la relación laboral encubierta”. 

Barrera concurrió a hablar el mismo día con Flores, quien le indicó que “efectivamente eso había sido visado por él, que no quería que siguiera trabajando en el Municipio, agregando que su despido se haría efectivo el día 31 de julio de 2022, fecha que figura como término de los servicios en una de las extensiones de contrato firmada por el actor, sin darle más motivos. El actor, visiblemente conmocionado por la situación, fue a conversar con la administradora municipal, quien visiblemente sorprendida le comentó que no se lo esperaba ni entendía el por qué el alcalde tomó dicha decisión”. Al efecto, todos aquellos que se encontraban en el grupo de trabajo de confianza del alcalde fueron mantenidos en sus funciones, firmando nuevas extensiones de contrato, todos salvo el actor. “A mayor abundamiento y desde aquella fecha, el edil cortó todo tipo de comunicación con el demandante, entregándole instrucciones de trabajo a través de otros funcionarios municipales, excluyéndolo de las reuniones de confianza, coordinación y actividades del Municipio. En definitiva, se materializa su desvinculación el día 31 de julio del año 2022, día en que se hace efectivo su despido”, señala el documento.

La desvinculación de Barrera, se suma a otros cargos de confianza que realizó el municipio local, como la ex administradora municipal Patricia Herrera y la asesora jurídica, Paula Garay, el cual podría significar demandas millonarias que implicaría un gasto y daño municipal, que se asemeja a lo ocurrido con la administración Isla, que tanto criticó la actual administración y sus más cercanos colaboradores, en su momento.