Una joven venezolana de 24 años se encuentra recluida en la cárcel de Vallenar, a pesar de
que por disposición del Tribunal Oral en lo Penal debiera de estar en libertad en su país,
según informó Diario Atacama.
El matutino informó que “ella ingresó junto a tres jóvenes de entre 20 y 25 años al país en
noviembre de 2022 cuando fueron detenidas. Luego de la investigación fueron condenadas
por tráfico de drogas en marzo de 2023 y se le otorgó la pena sustitutiva de expulsión. Eso
significaba que en un plazo de 60 días debían llevarlas a la frontera y entregarlas a su país,
esto ocurrió respecto de tres de ellas, pero en el caso de una esto no se concretó. Fue así
como ella observó a través de las rejas cómo sus compañeras, a las que también el Tribunal
Oral en lo Penal determinó su expulsión de Chile, se fueron para recuperar su libertad”
"Venezuela no la reconoce, hay todo un tema político de identificación de personas,
partidas de nacimiento. Llevamos un año intentando que Venezuela proporcione la
información para que Chile a través de Extranjería pueda concretar la orden de expulsión.
Esta joven está privada de libertad a la espera que se concrete la expulsión", explicó la
defensora Náyade Cifuentes. Por lo tanto, ante este escenario, ella no entra a ejecutar
condena.
"Si no entra a ejecutar condena, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario como la
libertad condicional, hacer trabajo, incluso ir a la escuela". Se trata de una sentencia
respecto de la cual no cabe recurso, lo que hace que sea una situación de incertidumbre.
La Defensoría Penal Pública, está trabajando en una mesa de género que considera como la
privación de libertad afecta de una forma distinta a las mujeres. "Hay que considerar que
hace un año la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo respecto a la situación
carcelaria de las mujeres en Vallenar y los jueces en las visitas de fin de semana han
constatado que siguen las condiciones deficitarias que ni siquiera tienen acceso a luz día".
En esta situación de la joven, el organismo pedirá una audiencia al tribunal que revise el
caso. Por esto solicitará que "ante la imposibilidad de concretar la pena sustitutiva de
expulsión en los términos que se había decretado en su oportunidad, se conceda entonces
una libertad vigilada intensiva, que pueda cumplir en nuestro país con la sujeción estricta
del CRC en libertad. La ley contempla el monitoreo telemático que se le coloca un
dispositivo para que en la noche esté en un lugar. Además, ella tiene una red de apoyo en
Chile de una chilena que la acogerá, proporcionándole un domicilio. En la normativa, las
personas que están cumpliendo condenas de penas sustitutivas se le regulariza su situación
migratoria a efecto que den cumplimiento a fin que cumplan la pena ", dijo.
Finalmente la abogada defensora recordó que "estamos hablando de una mujer de 24 años,
sin antecedentes penales más allá de la comisión de este delito, no puede quedar en tierra de
nadie. Además, como Estado tenemos responsabilidades a través de tratados
internacionales, Convención de Belém do Pará, la CEDAW que son normativas
internacionales que son vinculantes para el Estado y por lo tanto como Estado tenemos que
hacernos responsables y pronunciarnos respecto a estas situaciones".
