A través de una noticia emanada desde un medio digital, se dio a conocer acerca del remate de terreno en Huasco, que tienen que ver con deudas adquiridas durante la administración del exalcalde Rodrigo Loyola, y hoy candidato a alcalde por Vallenar. El medio informa que el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina ordenó realizar el remate de diversos inmuebles o terrenos de propiedad de la Municipalidad de Huasco, administrada actualmente por el alcalde Genaro Briceño.
De acuerdo a la causa C-58-2015, el primer inmueble a rematar será la propiedad rural ubicada en Villa San Pedro, cuya superficie es de 18.9 hectáreas. Y el segundo inmueble a rematar será la propiedad rural ubicada en Cerro La Cruz, de una superficie aproximada de 20.022 metros cuadrados, ubicados en Huasco.
La situación ha preocupado a los vecinos del sector, quienes están temerosos a perder sus hogares. Incluso, los concejales de la comuna en su hora de incidentes en el Concejo Municipal, expusieron la situación. El concejal Alberto Cumplido dijo que “es un tema que ha estado bien en boga estos últimos días, sobre la carta que se ha enviado a la municipalidad, sobre el tema de los comuneros. Ellos se dirigen a la municipalidad con el propósito de expresar la profunda preocupación y el descontento frente de acciones emprendidas por la administración Pro-indiviso de la comunidad Estancia Cuesta La Arena, encabezada por Juan Valenzuela, en conjunto con la Compañía Minera del Pacífico. Las decisiones que se han tomado, incluyendo el embargo de propiedades de nuestra comuna para recuperar fondos de una demanda judicial, que al parecer parecen son bien inapropiadas, sino también perjudiciales para nuestra comuna. Creemos que existen otras vías de solución”, expresó. “Nos preocupa profundamente que estas decisiones se estén tomando sin transparencia ni la debida participación de los comuneros. Muchos de nosotros desconocemos los detalles sobre las acciones emprendidas, las gestiones financieras y los balances económicos”.
Por su parte, la concejala Javiera Gallo, expresó que “he ido a preguntar a los abogados, pero siento las necesidades del plantearle a usted y al Consejo es que nos reunamos con los abogados y nos comenten los pasos a seguir con respecto a esta situación, porque la incertidumbre de la familia que están en el sector es mucha. Con lo que estuve hablando con los abogados, hay 3 opciones de cómo poder subsanar esta situación y sobre todo que está la voluntad de la nueva administración de los comuneros de no llegar a esta situación. Yo creo que hay que darle la celeridad que corresponde… Tenemos 100 familias que están con una afectación emocional tremenda, con miedo, con incertidumbre y son cosas que no corresponden. Nosotros tenemos que darle celeridad a este tipo de situaciones y poder llegar con la verdad y también con las soluciones a estos problemas. Lo dijo el concejal también, nos vamos a ver afectados como municipalidad… ( ) que abarca netamente lo que es la seguridad de nuestra comuna, porque se quieren embargar espacios donde están las antenas donde se quieran replicar esta señal”.
Las críticas apuntan a la actual administración municipal y a la acción de dirección jurídica del municipio, a cargo del abogado Gonzalo Cortés, ex administrador municipal del municipio de Vallenar durante la administración de Víctor Isla, quien no ha puesto celeridad a la situación que afecta a los vecinos. El concejal Luis Trigo, presidente del Concejo Municipal, ha manifestado su preocupación por la situación. Afirmó que es alarmante que, debido a procedimientos judiciales mal manejados por la actual administración, el Concejo no reciba explicaciones adecuadas sobre la problemática. La falta de pago de cuotas anuales, que eran asumibles para el municipio, ha generado una crisis que podría haberse evitado.
Trigo también anunció que se abordará este tema en el próximo Concejo y que se convocará a una reunión con la alcaldesa subrogante y su equipo jurídico para esclarecer la situación y buscar soluciones para las familias afectadas de Villa San Pedro.
PREOCUPACIÓN
Esta noticia ha generado preocupación entre los vecinos de Villa San Pedro, quienes temen perder sus hogares. El contexto de la situación, según información recabada, tiene que ver con que no se trataría de deudas ordinarias, sino del incumplimiento en el pago de una compensación judicial que la actual administración, debía pagar en cuotas durante el juicio. Desde hace más de un año, el municipio ha dejado el proceso sin defensas, lo que ha llevado a la situación actual de remate.
Las últimas gestiones del municipio en este juicio son reveladoras. El 18 de diciembre de 2021, el jurídico Gonzalo Cortés asumió el patrocinio del caso, pero el 17 de enero de 2022, el abogado Héctor Torrejón renunció. Desde entonces, Cortés quedó como el único abogado responsable, y no se registraron objeciones ni reclamos contra el embargo y el remate. La situación se conecta indirectamente con las elecciones actuales, pues de una forma u otra, se ve salpicado Rodrigo Loyola, pues el medio de comunicación que difundió la información de los remates, señala que la situación se origina debido a deudas adquiridas por la administración del arquitecto.
LOYOLA
Desde el comando Loyola, mediante una declaración expresaron que la información difundida está fuera de contexto. En una carta, se expresó la preocupación por el temor que sienten los vecinos de Villa San Pedro ante la posibilidad del remate. Se recordó que el terreno en cuestión es municipal, adquirido tras un proceso de regularización en 2009, el cual fue disputado por la Estancia Cuesta La Arena. Este conflicto legal culminó en un juicio en el que el municipio logró inscribir los terrenos a su nombre. Sin embargo, la administración de Cuesta La Arena interpuso una demanda de compensación que inicialmente ascendía a 283.500 Unidades de Fomento, lo que equivale a más de 8.244 millones de pesos. El documento señala que aunque se intentaron establecer acuerdos, estos fueron rechazados, y el juicio continuó hasta obtener una segunda sentencia adversa que condenó al municipio a pagar 371 millones de pesos, un monto considerablemente menor al inicialmente reclamado.
Se interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, que finalmente dictó su fallo en mayo de 2023, confirmando el pago en cuotas que, al parecer, no fue cumplido por la actual administración. Esto ha llevado a que ahora se ordene remate de inmuebles.
“Hacemos un llamado a que el municipio y la comunidad Cuesta La Arena se dispongan a obtener un acuerdo de pago que no implique más complicaciones para los vecinos de Villa San Pedro”, señala el documento.
Este medio se comunicó insistentemente con el municipio de la comuna, buscando una explicación de esta situación, para que pudiera exponer a los vecinos la situación judicial, pero fue imposible conocer su versión hasta el cierre de esta edición.
La historia de este conflicto es un recordatorio de la importancia de la diligencia y la responsabilidad en la gestión pública.
