En Chile, el acceso al agua ha sido históricamente gestionado bajo un sistema que privilegia a quienes poseen los derechos sobre este recurso, en lugar de priorizar la equidad social y la justicia distributiva. El Código de Agua en el Art. 222, permite que los comuneros sufraguen por el número de derechos de agua que posean, estableciendo un modelo de votación censitario, donde las grandes empresas –principalmente del sector agroindustrial y minero– tienen un peso desproporcionado en la toma de decisiones, mientras que las comunidades rurales, los pequeños agricultores y las poblaciones afectadas por la escasez hídrica se ven marginados de este proceso.
Este sistema resulta particularmente grave en regiones como Atacama, donde la crisis hídrica es una amenaza constante, y en localidades como Vallenar, que enfrentan una disminución alarmante de sus recursos hídricos. La concentración de poder en manos de unos pocos, aquellos con mayores derechos de agua, perpetúa la desigualdad y va en contra del principio democrático de «una persona, un voto». De esta manera, la gestión del agua se convierte en un campo de batalla donde solo los grandes actores, aquellos con mayores recursos, pueden influir, mientras que las comunidades locales se ven relegadas a un papel pasivo. Es allí donde incluso pueden elegirse eternamente a ellos mismos, así negando la participación al resto, debilitando la democracia y reviviendo a aquel voto censitario eliminado en 1887. Proponer que las elecciones y el voto de cada comunero de agua se base en el RUT, y no en la cantidad de derechos de agua, no solo es un acto de justicia social, sino también una medida necesaria para garantizar que todos los actores involucrados en la gestión del agua tengan una voz equitativa. En este sentido, una reforma de este tipo sería dar paso adelante en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, una sociedad que respete los derechos de todas las personas y no privilegie a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Aquellos llamados “defensores” del modelo actual argumentan que quienes más contribuyen a la gestión del agua deben tener mayor poder de decisión. Sin embargo, este enfoque ignora la responsabilidad colectiva que implica el manejo de un recurso común. En el contexto actual de cambio climático y escasez hídrica, es más urgente que nunca que las decisiones sobre el agua reflejen los intereses de la comunidad en su conjunto, y no solo los de los grandes actores económicos. Para las regiones más afectadas por la crisis hídrica, como nuestra región de Atacama, reformar el sistema de votación de las comunidades de agua podría tener un impacto positivo directamente en la equidad del acceso al agua y la toma de decisiones. Un modelo de votación basado en el RUT garantizaría que las decisiones se tomen considerando el bienestar de toda la población, no solo de unos pocos privilegiados. Además, este cambio fortalecería las instituciones democráticas, impulsando una participación más activa de la ciudadanía en la gestión de los recursos naturales y promoviendo una cultura de responsabilidad compartida.
En un Chile que aspira a superar las desigualdades históricas y construir una sociedad más justa, el agua no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Debe ser una responsabilidad compartida, gestionada de manera inclusiva y democrática para garantizar el bienestar de todas y todos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Una reforma al Código del Agua no solo representa una mejora en la gestión del agua, sino también un paso hacia una democracia más plena y participativa.
Por Benjamín Santander Cortés,
Estudiante Vallenar
