Nuestra región cuenta con un elemento importante y estratégico: energía solar. Con una de las radiaciones solares más altas del mundo debido al imponente desierto de Atacama, más de 3500 horas de sol al año en sus comunas interiores y cientos de metros de extensión territorial con instalación de fotovoltaicas, convierten a Atacama es una de las regiones líderes en Latinoamérica en generación de energía renovable no convencional, generación solar que de acuerdo con datos del Coordinador eléctrico nacional cuenta con una capacidad instalada de 2.703 MW al año 2024.
El futuro está en las oportunidades que permite este estratégico elemento, sin embargo, no son pocas las voces que se alzan ante la ausencia de beneficios concretos para los habitantes de la zona pese a la instalación de importantes proyectos. Recordado es el unánime voto político del Consejo Regional de Atacama, que alzó la voz por la nula compensación en cobros de la luz a pesar de la gran instalación de fotovoltaicas en la región que inyectan energía directamente al Sistema Eléctrico Nacional. Pese a que, si bien a la fecha se ha legislado sobre estabilización de tarifas, mecanismos compensatorios y subsidios a las cuentas de la luz, aun queda mucho trabajo pendiente.
Hoy quiero hablar de la otra cara de la moneda. Me refiero a la posibilidad cierta de avanzar en una transición justa mediante una política pública cuyo foco no está en el subsidio a los pagos de la distribución regulada, sino que en la creación conjunta entre las comunidades, empresas locales y autoridades de una alternativa energética sostenible y eficiente mediante proyectos de energía solar administrados por cooperativas integradas por los beneficiarios. Los denominados proyectos de energía comunitaria asociativa buscan traer los beneficios de las energías renovables a las personas que viven en comunas y territorios en donde estos mayoritariamente se desarrollan. Un modelo que persigue, por un lado, impulsar las economías locales mediante la implementación de proyectos fotovoltaicos instalados por empresas que trabajen en la zona, y por otro, traer beneficios concretos a las comunidades por medio de descuentos en sus cuentas de la luz, garantizando a su vez una gobernanza local sostenible en el tiempo.
La energía solar comunitaria se inserta en lo que hoy se puede catalogar como una política de Estado, cuya historia se remonta al año 2012 y la tramitación de la Ley 20.571 de Generación Distribuida para Autoconsumo (o Net-Billing), que estableció el derecho de los usuarios finales sujetos a fijación de precios -o clientes regulados- a autoabastecerse mediante equipos de generación eléctrica renovable y a inyectar sus excedentes a la red de distribución, recibiendo una compensación por ello. El año 2018, se modifica dicha normativa mediante la Ley 21.118 y se estableció en el artículo 149 bis de la Ley General de Servicios eléctricos dos nuevas modalidades, la de equipos de generación individual con descuentos remotos, para personas que contaban con dos inmuebles de su propiedad en la misma zona de concesión de la empresa distribuidora, y la de equipamientos de generación conjunta, aumentando la capacidad instalada de 100 a 300 kw para permitir una mayor asociatividad entre los habitantes de un lugar.
Este proyecto -contenido en la modalidad conjunta- impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, Corfo y el Ministerio de Energía ya fue implementado en la comuna de Talagante, en donde mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en un terreno municipal de unos 100 metros cuadrados, se logró beneficiar a más de 190 familias y se redujo la huella de carbono en 85 toneladas.
Si bien, aún falta evaluar la implementación de este proyecto en el mediano y largo plazo, estimamos apunta en la dirección correcta. Debemos instar por una política pública de largo aliento, que junto a otros programas como “Mi casa solar”, “Techos Públicos Solares” o iniciativas como “Comuna energética”, o “SERC Chile” sentarán las bases de una verdadera política estatal más allá de gobiernos de turno, una que traspase gobiernos y no se agote en la generación de energía, sino que influya en los procesos de formación técnica y profesional para los empleos del mañana, auspiciando la investigación científica, la metas ambientales, y nos congregue en torno a una efectiva cooperación publico privada que acercará los beneficios de la energía solar allí donde urge: los bolsillos de las familias de la región. Un proyecto que nos recuerda la importancia del rol público en el desarrollo a escala humana, un desarrollo que abre nuevos mercados locales y pone en el centro de la I+D, al ciudadano.
En tiempos de polarización, el rol de la política es encontrar espacios de diálogo y puntos de encuentro, y esta iniciativa busca hacer frente a la demanda transversal por justicia territorial energética, precisamente de cara un futuro cuyos avances tecnológicos más la demandan y el ciudadano no puede quedar excluido en su acceso.
Guillermo Namor Kong. Ex Convencional provincia del Huasco
