Es difícil comprender cómo financiará la Universidad La República la puesta en marcha de estas dos facultades, además del funcionamiento de las otras de Santiago y regiones incluyendo Vallenar, sin la ayuda de un inversionista y teniendo como único ingreso el arancel, el cual varía entre los 100 y los 150 mil pesos, dependiendo de la carrera.
A pesar de su precaria situación económica, que motivó se pidiera su quiebra en el 2010, la institución que estuvo históricamente ligada a la masonería y que hoy es solo una corporación sin fines de lucro, inaugurará dos nuevas sedes en Aysén y Purranque. “Es una vergüenza que una universidad a la que se le ha rechazado la acreditación, esté pretendiendo abrirse”, consignó al respecto la diputada María José Hoffmann, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara.
El proyecto de las nuevas sedes se gestó a finales del 2011. Los inmuebles, tal como ocurre con los demás establecimientos de la ULARE, no son propiedad de la institución sino arrendados, y su infraestructura se armará en base a lo dejado por las sedes cerradas en Linares y San José. En una primera instancia, en Aysén se impartirán las carreras de Técnico Superior Universitario en Prevención de Riesgos y Técnico Superior Universitario en Turismo y Hotelería. En Purranque, se impartirían Pedagogía en Educación Básica y Licenciatura en Educación.
Es difícil comprender cómo financiará la Universidad La República la puesta en marcha de estas dos facultades, además del funcionamiento de las otras de Santiago y regiones (Antofagasta, Calama, Concepción, Coquimbo, Illapel, Los Ángeles, Rancagua, San Carlos, San Fernando y Vallenar), sin la ayuda de un inversionista y teniendo como único ingreso el arancel, el cual varía entre los 100 y los 150 mil pesos, dependiendo de la carrera. Ello, porque la entidad arrastra una deuda con instituciones como el Banco de Chile -al cual se le entregaron ya varias de las propiedades de la ULARE en parte de pago-, y también con varios funcionarios a quienes se les deben sueldos e indemnizaciones.
El alto endeudamiento de la universidad se hizo público en 2008 y alcanzó entre los 9 y 10 mil millones de pesos, según fuentes de la propia institución. Tras salir el caso a la luz, la Gran Logia masónica decretó públicamente su cierre. No obstante, ya ha pasado un cuadrienio y se encuentra próxima a iniciar un nuevo año académico, con un proceso de admisión 2012 en curso. Su rector es Alfredo Romero y desde la casa de estudios niegan que la presente Junta Directiva tenga relación con la masonería.
Actualmente, la entidad tiene en su contra 5.029 causas en tramitación, según fuentes de la propia ULARE, y aunque en 2010 se presentó el caso en el 9º Juzgado Civil de Santiago, esperando que se decretara su quiebra, la demanda derivó en un Convenio Judicial Preventivo. Éste fija plazos que van entre los dos años para algunos acreedores, y entre tres y ocho años para los más grandes. Ello significa que hay deudas que no se han saldado y que algunos de los demandantes esperarán para ver algún peso de vuelta.
La masonería
El origen del déficit corresponde a los malos manejos administrativos ocurridos bajo la gestión del ex rector Jorge Carvajal, con el resto de los altos cargos, entre los cuales se encontraban varias autoridades de la Gran Logia masónica.
Fundada en 1988 por un grupo de 96 miembros masones y puesta en marcha al año siguiente, con 726 alumnos, en una casona arrendada en la calle Agustinas, la ULARE nace con fundamentos de carácter eminentemente masón. Hasta el día de hoy su estandarte institucional incluye varios símbolos de este tipo. Incluso en un comienzo, aunque se modificaría más tarde, los primeros estatutos consignaban que los miembros de la Junta Directiva debían ser todos masones y que el cargo de Presidente correspondía al Gran Maestro, máxima autoridad de la Gran Logia. Sin embargo, más allá de esto no existían vínculos legales entre la universidad y el Club de la República, figura jurídica de la institución masónica en Chile.
En 1998, la ULARE enfrenta su primera derrota cuando el Consejo Superior de Educación le niega el grado de universidad autónoma. En paralelo, Carvajal, rector desde 1994, es electo Gran Maestro, lo que le concede ascendiente sobre el directorio. Asumido el cargo, presiona al resto de la Junta para que le confieran extensas facultades tales como la administración de los bienes de la corporación, la definición de los contratos de trabajo y la capacidad de solicitar créditos a destajo. Así, el poder de la Gran Logia se transforma en una capacidad real de asignar recursos y designar puestos.
El informe de los evaluadores
En el 2002, la ULARE consigue por fin su autonomía, pero el endeudamiento se hace evidente y la Casa Central solicita a sus sedes regionales que envíen los recursos a Santiago desde donde, supuestamente, se administrarán mejor. En la práctica, esta acción desemboca en un contagio de la crisis al resto del territorio nacional.
En el 2006, la Universidad atraviesa una nueva cruzada. El equipo evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, llega hasta sus instalaciones para revisar el funcionamiento de sus órganos y emite un informe tajante: “La Junta Directiva de la institución es meramente ‘decorativa’, (…) constituye el respaldo formal de la masonería a la gestión del rector, sin ejercer funciones de fiscalización”, “no hay mecanismos de control” y carece de una “coordinación nacional de las carreras”.
El informe apuntaba incluso a las falencias del sistema de incorporación de los alumnos. El puntaje de ingreso se calculaba promediando el obtenido en la PSU con el de la entrevista personal.
Respecto a la creación de nuevas sedes, los evaluadores puntualizaron que en ocasiones se procedía a su construcción sin contar con la factibilidad económica para ello, como en el caso de Linares, facultad que fue clausurada recientemente. Situaciones como ésta eran agravadas por el criterio de la Universidad para proceder a cerrar las carreras: éstas debían tener un ingreso nulo de alumnos durante tres años consecutivos, bastaban unos pocos inscritos para mantenerlas en funcionamiento.
Tras terminar el período de Carvajal como Gran Maestro, las nuevas autoridades adviertieron varias anomalías en las cuentas del Club La República, que lo vinculan con la crisis de la Universidad. Decretan así el cierre de la institución en un intento por desmarcarse del escándalo y el ex rector es expulsado de la Gran Logia.
Las privadas no acreditadas
Cerca de 3 mil son los alumnos que hoy financian con sus aranceles La República, con carreras de bajo costo que van entre los 100 y los 150 mil pesos. En algunas de las facultades, como en Antofagasta, la universidad sigue ofreciendo matrículas gratuitas con el fin de captar público, una estrategia utilizada años atrás y que agravó aún más la crisis de la institución. La sede en San Carlos, en la VIII región, constituye otro caso conflictivo: la Municipalidad mantiene hasta el día de hoy una demanda en contra de la universidad por una deuda de 21 millones de pesos. Aún así, la sede abrirá sus puertas este año.
“La experiencia hasta la fecha con universidades que crean sedes en distintos lugares, es que finalmente terminan debilitando la casa central, o las sedes, y eso dificulta los procesos de acreditación, más aún cuando comienzan ese proceso con déficit. Si éste se inicia con deudas, no sería una buena señal”, dijo al respecto el Presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime Quintana.
Casos como los de La República reabren el debate respecto a los mecanismos de supervisión de las universidades privadas, especialmente cuando no están acreditadas. El Mineduc por su parte, sólo puede actuar en estos casos si la propia universidad lo solicita o si alguno de los involucrados presenta una denuncia. En la ULARE consignan que en la actualidad mantienen conversaciones con el Ministerio, el cual ha apelado en nombre de los denunciantes y ha fiscalizado sus estados financieros, según señalan en la entidad.
“Es una vergüenza que una universidad a la que se le ha rechazado la acreditación, esté pretendiendo abrirse”, consignó al respecto la diputada María José Hoffmann, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Y agrega que “es un aprovechamiento a aquellas personas que estando en regiones, optan por la universidad que tienen más cerca”.
“Es chocante lo de La República. Sin embargo, es una constante que tiene que ver con la desregulación total del sistema universitario privado y con la falta de información. Necesitamos construir un sistema educacional estatal articulado”, afirma Rodrigo Cornejo, del Comité Ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas en Educación.
FUENTE: DIARIO EL MOSTRADOR
