Una nueva manera de descomprimir las cárceles y el trabajo del personal de Gendarmería a través de la reforma a la ley 18.216 de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, se dio a conocer esta semana, durante la reunión que sostuvo personal de gendarmería, con representantes de los servicios públicos de la provincia del Huasco.
La idea es que aquellas personas que sean condenadas por penas que no superen a los 300 días de cárcel y que hasta hoy cumplían con penas de reclusión nocturna, libertad vigilada (lo que implica firmas periódicas) o a futuro, el uso del brazalete, puedan en cambio, realizar labores de servicio comunitario en estamentos públicos.
La exposición estuvo a cargo de Gloria Morales, coordinadora nacional de la pena sustitutiva de servicios en beneficio a la comunidad, de la dirección nacional de Gendarmería de Chile.
En la oportunidad, estuvo presente el gobernador (s) del Huasco, Cristian Viñales, quien en representación de la gobernadora, Berta Torres, hizo un llamado a los servicios públicos y a los municipios de la provincia, a generar los espacios necesarios para una efectiva implementación de la reforma de la ley 18.216.
Sobre el particular, la coordinadora del programa a nivel nacional Gloria Morales, nos amplía la información.
La pena sustitutiva consiste en realizar voluntariamente trabajos no remunerados a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. Para tales fines, se deberán celebrar convenios entre Gendarmería de Chile e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.
