Mediante una declaración pública, la concejala de la comuna de Huasco Javiera Orellana Gallo (UDI), manifestó que recurriría a la Contraloría para que que se haga parte en una investigación que permita dilucidar que ocurre con una demanda existe contra el municipio de Huasco por $300 millones de pesos.
“Informar a la comunidad que el municipio de Huasco, se encuentra actualmente con “Diversas” demandas ante la Justicia, una de ellas es debido a una deuda de arrastre (por compra de materiales impagos), por un monto que supera con creces los 300 millones de pesos, de lo cual el Concejo Municipal fue notificado con fecha 06 de agosto, plazo desde el cual se contaba con 5 días hábiles para participar en una audiencia de conciliación. El Municipio, en la figura de su representante y actual alcalde, no se presentó a efectuar los descargos o a participar de la mediación, ante lo cual, me puse en contacto con el edil, quien, para mi sorpresa, desconocía totalmente de esta situación y de los plazos antes indicados”, señaló.
“Tras consultar con el asesor jurídico de la municipalidad, cargo de confianza del propio alcalde, este nos comentó que había confundido la fecha, y que debido a esto, el Municipio efectivamente no fue representado ante la Justicia. Tras pedir explicaciones al alcalde, minimizó la situación, además culpando de este error de “300 millones de pesos” a la gran carga laboral que sortea por estos días la cúpula administrativa de la Municipalidad”, señala la concejala. “Frente a todo lo anteriormente comentado, no descarto recurrir a la Justicia, particularmente solicitar a la Contraloría que se haga parte en una investigación que permita dilucidar cuál será el destino final de estos 300 millones de pesos, y si hubo negligencia y notable abandono de deberes, tanto en el actuar del alcalde como de parte de su asesor jurídico”, afirmó.
MUNICIPIO
El municipio señaló que «esta es una de las tantas deudas que esta nueva administración ha heredado, por consiguiente, el alcalde Genaro Briceño, ha solicitado a su equipo jurídico y de finanzas, la revisión de estos sobregastos y otras irregularidades, además de un informe para ser presentado ante el concejo municipal, sobre el uso y distribución, especialmente en lo que respecta a material de construcción. Esto, con la finalidad de dar respuestas y esclarecer las inquietudes que hoy tienen los vecinos y el cuerpo de concejales, con respecto a la distribución de recursos de la anterior administración. Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que el asesor jurídico que viene trabajando en este municipio desde la anterior gestión, se encuentra con licencia médica, es que el nuevo equipo se ha visto con una sobrecarga laboral, no pudiendo compadecer ante la mencionada audiencia de conciliación, acto que, según informan desde la oficina jurídica municipal, tampoco afecta de ninguna manera la resolución legal». Es de conocimiento público, dijo «que existen una serie de demandas judiciales por parte de proveedores locales, por deudas impagas que se arrastran varios años atrás… Dicho esto, de igual manera asumimos la responsabilidad de la no comparecencia, e informamos que generaremos mecanismos logísticos para que esto no vuelva a suceder” señaló el edil. “Por otra parte, si nuestro equipo encuentra irregularidades en los procesos de entrega de materiales y/o ayudas sociales, o de cualquier otra índole, acudiremos a Contraloría y de ser necesario, comenzaremos un proceso de auditoría interna. Todo esto, con la única finalidad de transparentar nuestra situación financiera actual hacia la comunidad”, señaló. “Como autoridad, me haré cargo y responsable de los procesos que no se efectuaron bien años atrás, y mi convicción es apoyar al comercio local desde todas sus áreas. Es por ello que esperamos llegar a acuerdos que beneficien tanto a nuestros comerciantes como a este municipio”, finalizó.
