La decisión de la Contraloría General de la República de iniciar un sumario disciplinario contra la Municipalidad de Vallenar por la contratación del abogado Iván Mascareña no solo abre un expediente legal, sino también una herida ética en la gestión pública local. Aunque el alcalde Víctor Isla insiste en que no hubo mala fe, lo cierto es que el principio de probidad administrativa fue vulnerado y, con él, también lo fue la confianza de los vecinos de Vallenar.
La sola coincidencia entre la contratación de Mascareña como abogado municipal y su rol en un litigio pendiente contra el propio alcalde debió bastar para desestimar su incorporación al municipio. No se trata de tecnicismos legales ni de si el abogado asesoró directamente al alcalde o no. Se trata de un hecho esencial: quien tenía un juicio con la máxima autoridad comunal nunca debió haber sido contratado por esa administración, punto.
Más allá de los montos del sueldo, de si el abogado participó o no en causas judiciales del municipio o de si su contrato fue breve, lo que está en cuestión es el estándar ético con el que se están tomando decisiones públicas en Vallenar.
Cuando el alcalde dice que “no hubo mala fe” y que fue “solo una negligencia”, olvida que la negligencia también es una forma de irresponsabilidad administrativa. Y más aún cuando esa negligencia permite una contratación que afecta directamente la imparcialidad del municipio.
En el ámbito público, no basta con tener buenas intenciones. Se necesita actuar bajo reglas claras, cumplir las normativas vigentes y, sobre todo, evitar cualquier conflicto de interés que ponga en entredicho la transparencia del gobierno local.
Otro argumento peligroso esgrimido por la administración Isla es que “no hubo daño al municipio ni desvío de fondos”. Pero esta defensa es insatisfactoria y reductiva. ¿Acaso el daño a la institucionalidad, a la ética pública y a la credibilidad del sistema no es también una forma de perjuicio? La ciudadanía no solo exige que no se roben los recursos, también exige que se gobierne con estándares ejemplares.
Vallenar, como muchas otras comunas del país, lucha día a día con problemas de seguridad, desarrollo urbano, salud primaria y educación pública. La ciudadanía no puede permitirse una administración que, en lugar de liderar con claridad y responsabilidad, comete “errores” que rozan lo inadmisible.
Lo mínimo que se espera de un municipio es que sus contratos estén libres de irregularidades, sus funcionarios cumplan con los requisitos legales y sus autoridades respondan con rigor ante los errores cometidos. Minimizar los hechos, pedir que se “diga la verdad sin temor” o escudarse en que “no existe una administración perfecta” no es asumir responsabilidades: es diluirlas.
Este episodio debe marcar un antes y un después. La probidad no puede seguir siendo una palabra vacía en los discursos institucionales. La contratación pública debe profesionalizarse y los alcaldes deben responder no solo ante Contraloría, sino ante la ciudadanía que los eligió.
Porque la confianza pública, cuando se pierde, no se recupera con disculpas ni con renuncias tardías. Se recupera con transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, con responsabilidad política y ética.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
