La historia que comenzó como un proceso de renovación para la Junta de Vecinos Población Ventanas de Vallenar terminó con una condena judicial y una comunidad afectada por la pérdida de recursos públicos, la paralización de proyectos y la imposibilidad de acceder a nuevos fondos.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó al exdirigente Pablo Antonio Portillo por el delito consumado de apropiación indebida, tras acreditarse que se apropió de $11.477.160 correspondientes a tres proyectos financiados por organismos públicos y privados. La sentencia contempla dos años de presidio menor en su grado medio, una multa de 11 UTM y la suspensión para ejercer cargos públicos, aunque cumplirá la pena en libertad bajo el beneficio de la remisión condicional.
Los recursos estaban destinados a un proyecto Fondart para actividades culturales, un aporte del Fondo Social Presidente de la República para equipamiento comunitario y un financiamiento de Nueva Atacama para la compra de un horno industrial. Sin embargo, según estableció el tribunal, las iniciativas nunca se ejecutaron.
Vecinos relataron durante el juicio que el entonces presidente solicitaba al tesorero retirar el dinero desde el banco, asegurando que posteriormente entregaría la documentación de respaldo, lo que nunca ocurrió.
Con el paso de los meses comenzaron a surgir las primeras sospechas. Las actividades prometidas no se realizaron, el festival comprometido nunca se efectuó y el dirigente dejó de asistir a la población. Posteriormente reapareció en una asamblea donde pidió dos semanas para ordenar los antecedentes, argumentando que no encontraba la documentación tras un cambio de domicilio. Nunca regresó.
Ante esta situación, la organización inició acciones judiciales. Paralelamente, la falta de rendiciones llevó al Consejo de Defensa del Estado a iniciar gestiones para recuperar los recursos públicos, dejando además a la Junta de Vecinos inhabilitada para postular a nuevos proyectos, afectando especialmente a una comunidad integrada mayoritariamente por adultos mayores.
Durante el juicio, Portillo reconoció desorden administrativo, pero el tribunal descartó esa explicación y concluyó que la apropiación de los fondos fue deliberada.
Fuente: Diario Atacama.
