La entidad valoró la protección del medioambiente, pero advirtió que la Ley 21.600 y el anteproyecto de norma de calidad del aire para la Cuenca del Río Huasco imponen exigencias que podrían frenar proyectos mineros y aumentar la incertidumbre regulatoria en la región.
En medio de la discusión por las recientes regulaciones ambientales —entre ellas el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600 y el anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco—, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) expresó su preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en la industria local.
El presidente de la entidad, Juan José Ronsecco, sostuvo que si bien reconocen “la protección del patrimonio natural y la calidad del aire, esenciales para el bienestar de la comunidad”, los nuevos marcos normativos “representan un desafío mayúsculo para la industria regional, particularmente para el sector minero”.
De acuerdo con el dirigente, las exigencias adicionales en procesos de evaluación ambiental y los mayores costos operacionales implicarán adaptaciones e inversiones no previstas por parte de las compañías. Esto afectará tanto a proyectos en operación, que deberán adecuar tecnologías y procesos de manera urgente, como a iniciativas futuras, que enfrentarán evaluaciones más complejas y mayor incertidumbre.
En ese sentido, Ronsecco subrayó que la Ley 21.600 “obliga a los proyectos ubicados en sitios prioritarios para la conservación a someterse a evaluaciones ambientales más exhaustivas, incluso si su envergadura no lo justifica en la actualidad”. Además, la propuesta de norma secundaria de calidad del aire “establece límites estrictos en un área considerablemente mayor a la vigente, impactando directamente a la Provincia del Huasco”.
“Tal y como las conocemos, estas medidas agudizan la problemática de la región y representan un retroceso en los esfuerzos por estimular la inversión responsable”, afirmó el presidente de CORPROA, cuestionando lo que calificó como un “diálogo de sordos” entre autoridades y actores regionales.
La corporación recordó que ya ha advertido a nivel local y nacional sobre los impactos de estas regulaciones, sin que hasta ahora exista apertura a explorar alternativas que compatibilicen la protección ambiental con el desarrollo económico.
“El desarrollo económico y la protección ambiental no son objetivos excluyentes”, enfatizó Ronsecco, quien llamó a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector privado para equilibrar competitividad, inversión y sustentabilidad.
“Nuestro marco regulatorio no puede ser una competencia por quién tiene la razón, sino una suma de voluntades para lograr un desarrollo sostenible y empatizar con las necesidades de los habitantes de las regiones”, concluyó.
