De acuerdo con antecedentes dados a conocer por BioBioChile, los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron luego de que la propia página del organismo informara el rechazo de las medidas cautelares solicitadas respecto del proyecto Prospección Minera El Alto de Barrick, conocido como Pascua Lama 2.0. La publicación fue posteriormente retirada.
El proyecto contempla 62 pozos de sondaje de diamantina distribuidos sobre 43 plataformas ubicadas en la alta cordillera de Alto del Carmen, aproximadamente a 4 mil metros sobre el nivel del mar, y considera una inversión de US$35 millones.
Una iniciativa vinculada a Pascua Lama
La iniciativa busca construirse cerca del primer Pascua Lama y pretende explotar un yacimiento de casi 18 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata, según lo que contemplaba el primer proyecto.
En 2013, la autoridad ambiental detuvo ese proyecto debido a que la firma no había terminado su plan de manejo de aguas. Además, se habían realizado descargas contaminadas al río Estrecho y se había ocultado información de monitoreo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.
Debido a estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó la clausura total y definitiva del proyecto, medida que fue ratificada en 2020.
Sin embargo, entre 2020 y 2021 la empresa realizó sondajes ocupando plataformas del mismo proyecto que se suponía debía cerrar, labores que la Corte Suprema declaró “ilegales y arbitrarias” durante 2022.
Ante el anuncio de Pascua Lama 2.0 o Minera el Alto, comunidades del sector sostuvieron que el proyecto constituye un nuevo intento de Barrick por continuar exportando oro y plata, vulnerando lo que resolvió la Corte Suprema en 2020.
Con ese argumento, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos solicitaron suspender los efectos de la resolución que aprobó la prospección antes del inicio de las obras, programadas para septiembre.
Cuestionamientos al proceso judicial
Sobre el problema en discusión, Karinna Fernández, abogada que representó a los vecinos de Alto del Carmen en una solicitud de cumplimiento estricto del fallo del recurso de protección, señaló que la situación no solo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que también vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso.
La abogada sostuvo que el caso será conocido ahora por el Segundo Tribunal Ambiental en Santiago, mientras que la compañía manifestó tener plena confianza en que el Poder Judicial chileno resolverá las causas conforme a derecho.
Según el detalle publicado por BioBioChile, el relator de la causa, Álvaro Funes Palacios, fue inhabilitado en parte porque trabajó durante cinco años como jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar, en la Región de Antofagasta.
También se menciona el caso de los ministros inhabilitados Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas, junto con un reportaje de BioBioChile que abordó el caso de Marcela Godoy, quien está casada con Gonzalo Montoya Cisternas, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar, la misma firma en la que trabajó Funes.
Para obtener mayores antecedentes, el medio radial contactó al juez presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro Zepeda, para consultar sobre la filtración de la noticia, la inhabilitación de los ministros y la conexión del relator con la empresa Barrick Gold.
En la respuesta mencionaron que el Colegiado de Ministros había acordado por mayoría que no correspondía “emitir pronunciamientos adicionales a aquellos que constan formalmente en los respectivos expedientes”, debido a que las consultas “se encuentran vinculadas a causas judiciales actualmente en tramitación”.
Cabe destacar que la nota del tribunal que anunciaba el rechazo de las medidas cautelares fue replicada por el Portal Minería Chilena, pero también fue retirada posteriormente.
Barrick responde
Ante la conmoción generada por la noticia, desde Barrick Gold respondieron a Diario Atacama que tomaron conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación y que no cuentan con información sobre los procesos internos del Primer Tribunal Ambiental.
Asimismo, agregaron que entienden que el asunto será ahora conocido por el Segundo Tribunal Ambiental en Santiago.
La compañía indicó además tener plena confianza en que el Poder Judicial chileno resolverá las causas de manera conforme a derecho.
Solicitarán mayores antecedentes
El tema comenzó a generar críticas y repercusiones, especialmente entre parlamentarios de oposición.
La senadora Yasna Provoste (DC) informó, a raíz de estos antecedentes, que lo publicado por BioBioChile demostraría “eventuales faltas a la probidad en el Primer Tribunal Ambiental”, situación que calificó como altamente preocupante.
La parlamentaria agregó que, como presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara del Senado, solicitaría una sesión especial para escuchar la opinión de expertos sobre el hecho.
Fuente: Biobio.cl – Diario Atacama
