El 7 de mayo de 2009 fue un día especial para la canadiense Barrick Gold. Después de varios años de tramitación, la compañía minera daba el “vamos” definitivo al mayor proyecto de oro y plata ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, Pascua-Lama, configurándose como la primera iniciativa de carácter binacional, que partiría su construcción ese mismo año con el fin de iniciar la producción en 2013, fecha que se corrigió recientemente para mediados de 2014. Unas semanas antes de ese anuncio, los máximos ejecutivos de Barrick -el presidente del directorio, Peter Munk, y su director ejecutivo principal, Aaron Regent- se habían reunido con las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Chile, Michelle Bachelet, en un intento por destrabar la iniciativa, que ya llevaba varios años en carpeta. Pese a la cordialidad de estos encuentros, lo que gatillaría el anuncio sucedería recién unos días después de esas reuniones, cuando el 28 de abril se dieron cita en Buenos Aires los integrantes del subgrupo de Asuntos Tributarios de la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración y Complementación Minera (tratado minero), acuerdo firmado en 1997.

Ese día, Ricardo Escobar, entonces director del Servicio de Impuestos Internos (SII), y Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda de Argentina, estamparon sus rúbricas en un informe conjunto que daba salida a una de las piedras de tope a la iniciativa hasta ese momento: una fórmula impositiva bajo la cual se regirían los Servicios Transfronterizos Indivisibles (STI), que son aquellas actividades que por razones técnicas o económicas se realizan a ambos lados de la frontera de modo único y en una sola prestación, como servicios de geología o perforación, así como el mantenimiento de túneles, la reparación de equipos mineros e incluso actividades meteorológicas.

Sin embargo, a tres años de firmado ese documento, y ya con un avance importante en la construcción de Pascua-Lama, aún quedan pendientes temas tributarios entre Chile y Argentina respecto, principalmente, a cómo se aplicarán algunos acuerdos, así como de fiscalización en la extracción del mineral.

Asesores de la empresa indican que sólo restan detalles para implementar los acuerdos, pero que a medida que se acerque la fecha de producción serán aplicados en su totalidad. Pero en el gobierno, el tema ha inquietado a la cartera de Minería que dirige Hernán de Solminihac, que busca defender de la mejor manera los intereses del país. El tratado es liderado -según establece el reglamento para su administración-, por los subsecretarios de Minería, Pablo Wagner, y de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt. En el gobierno estiman que esto no retrasa la puesta en marcha del proyecto.

A la espera de respuestas

Entre los puntos que incluye la lista de pendientes está uno que quedó en evidencia desde el instante mismo en que se firmó el acuerdo, en 2009. En ese momento se consignó que Argentina necesita efectuar una adecuación de su normativa interna vigente para implementar el acuerdo, cuestión que no ha sucedido hasta ahora.

El país vecino no ha modificado ninguna norma e incluso -dicen conocedores de las negociaciones- se ha visto menos voluntad para avanzar. Frente a eso, el gobierno chileno ha procurado dejar constancia en las actas de que no se han resuelto algunos aspectos.

Y no es lo único. Punto especialmente sensible es determinar si Argentina aplicará el impuesto a la exportación del mineral de origen chileno que es procesado dentro del área de operaciones que se sitúa en el lado argentino, y que desde ahí será exportado a otros países. Ya en 2009 se dejó establecido que Argentina “está llevando adelante las actuaciones administrativas tendientes a resolver la aplicación de dichos derechos y que se formalizará la respuesta a la Comisión Administradora a la brevedad posible”. Lo que tampoco se ha materializado según recalcan fuentes ligadas al gobierno.

Otro tema que ha abierto una ventana de incertidumbre es el convenio que evita la doble tributación entre ambos países y que recientemente fue desechado por Argentina. Hay visiones encontradas sobre si su término afecta o no a proyectos acogidos al tratado minero. Cercanos a la empresa estiman que no, pero en el gobierno no cierran esa puerta. Una alta fuente del Ejecutivo anuncia que, independiente de si afecta, en los próximos días iniciarán una ronda de conversaciones para establecer un nuevo tratado en esta línea.

Papeles en la frontera

La historia del tratado minero es de larga data. Aunque fue aprobado por el Congreso el año 2000, desde hacía una década que estaba la intención de crear un acuerdo de este tipo. Los avances más significativos se dieron bajo el gobierno de Eduardo Frei, relata Alejandro Vio, ex secretario ejecutivo del tratado.

“Se entendía que una mayor integración económica permitía una mejor relación entre ambos países”, recuerda.

Según Vio, un proyecto que motivó la creación de un acuerdo así fue Río Turbio en Argentina, especialmente por la posibilidad de extender la operación a Puerto Natales. Otro proyecto que influyó fue El Pachón, el que finalmente ha tenido una maduración más lenta que Pascua-Lama.

El convenio se convirtió en su momento “en una enorme demostración de confianza entre ambos países, porque permite generar a través de un protocolo específico adicional un área de operaciones, donde sigue existiendo el derecho argentino y el chileno a cada lado del límite, pero puede desarrollarse un proyecto unificado, con circulación de trabajadores, de bienes y servicios”, explica María Teresa Infante, directora nacional de Fronteras y Límites.

El tratado implicó un cambio de mentalidad en los servicios involucrados, como Aduanas. En ellos existía la voluntad de colaborar para facilitar el tránsito entre un país y otro dentro del proyecto, pero no se entendía la complejidad de la operación minera. En un principio incluso se pensaba que era factible que un camión minero se detuviera antes de cruzar la frontera para mostrar su documentación, lo que resultaba impracticable.

El acuerdo se firmó en 1997. Sin embargo, el debate político fue agudo.

“En Chile había opiniones divididas respecto del tratado, aunque había comenzado con un amplio respaldo, algunos empresarios, sectores políticos y gremios estimaban que un tratado minero no daba cuenta de los intereses del país”, explica Infante, quien agrega que para lograr el apoyo del Congreso se optó por negociar un Protocolo Complementario (1999). “Esto no modificó en nada el tratado, sino que aclaró su método de operación”, agrega.

En el Congreso su trámite fue rápido. La gran duda que se tuvo que aclarar fue si era constitucional el concepto de servidumbre transfronteriza, que en términos simples es la posibilidad de que un proyecto ubicado al otro lado de la frontera pueda tener servidumbres -para un mineroducto, por ejemplo- en suelo chileno.

Más tarde, en 2004, Chile y Argentina dieron viabilidad a Pascua-Lama, al aprobar un protocolo adicional específico para ese proyecto, el que también mantienen otros proyectos binacionales.

Una fuente que participó en estas negociaciones reconoce que se optó por avanzar en este acuerdo pese a que no quedaron cerrados todos los puntos -como los tributarios-, para así no dar paso atrás.

Cercanos a la empresa, de todos modos, valoran la buena voluntad que hubo entre ambos países para sacar adelante Pascua-Lama. Esto, pese a las complejidades legales del proyecto.

Modelo de operación

En el artículo 16 del acuerdo específico por Pascua-Lama se estableció la forma de tributación del mineral, la que se hará según su origen, entendiendo que un 75% está en Chile y el 25% en Argentina.

Sin embargo, en algunos funcionarios del gobierno hay preocupación porque la tributación podría variar dependiendo del detalle del modelo de operación que tenga la minera.

De hecho, la Comisión Administradora pediría a Pascua-Lama especificar este sistema. Por ejemplo, es necesario aclarar bajo qué figura se hará el traspaso del mineral (mayoritariamente alojado en el lado chileno) a la planta de procesamiento en Argentina. Si se considera esa operación como una exportación, ésta pagaría un impuesto menor que el que se tendrá una vez que se exporte hacia el extranjero el mineral procesado (que tiene valor agregado). En el lado chileno estiman que una operación de este tipo no es exportación, al estar dentro del área de operaciones. Pero esta postura es discutible. Esto, porque Infante explica que las operaciones comerciales dentro del área de operación sí pueden ser rotuladas como tales. De hecho, la empresa habría hecho ver a Aduanas que una operación así correspondería a exportación. Cercanos a la firma recalcan que el impuesto por la venta de minerales se paga en su totalidad en el país donde se extrae, sin importar dónde haya sido procesado.

Ligado a esto, están los aspectos relacionados con el sistema de fiscalización del mineral, tema que aún no está zanjado. “En la última reunión de la Comisión Administradora se dejó consignado que (la propuesta hecha por Chile) iba a ser estudiada por Argentina y con esta respuesta se trabajaría en común un protocolo de fiscalización. Es un tema importante, así como la seguridad minera o el cierre de faenas”, explica la embajadora.

Fuente: www.quepasaminería.cl