Con cautela reaccionó el empresariado al envío del proyecto de ley de reforma tributaria por parte del Gobierno. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), por ejemplo, espera que los recursos que se pretenden lograr (unos 8.200 millones de dólares) tengan el menor impacto en el empleo y que no se frene la inversión y el ahorro.
“Como empresarios, la mayor preocupación que tenemos es la del empleo… Nos preocupa también la eficiencia de dicho gasto cuando los recursos ya estén”, sostuvo el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz.
Y, a pesar que existen dudas que se deberán ir despejando con los días como la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), cambios a la depreciación acelerada, la derogación del DL 600 y el impuesto correctivo a bebidas alcohólicas y azucaradas, entre otras, los gremios se han mostrado dispuestos a colaborar positivamente con el proyecto para lo cual, incluso, ofrecieron, desde la propia CPC, los insumos necesarios para que la recaudación no tenga los efectos negativos.
Empresarios locales
Este panorama es compartido por el empresariado local, que de igual manera espera conocer más detalles de la iniciativa legal para dar una opinión más contundente. Pero, más allá de la reforma tributaria, existe una opinión compartida y que es la reactivación y celeridad de los proyectos regionales para lo cual las nuevas autoridades tienen mucho que decir.
Esto tomando en cuenta que para el período 2012-2020, la cartera de proyectos mineros para Atacama se calculaban en US$ 35.000 millones, de esa cifra, al menos US$ 23 mil millones están con alguna complicación o retraso. Algunas de estas iniciativas están entrampadas en procesos judiciales derivados de la normativa medioambiental o bien, han sido severamente criticadas por la opinión pública que no siempre tiene en la mesa todos los elementos para emitir sus juicios debidamente informados.
De hecho, medios especializados estiman que hoy en Chile hay más de US$ 54 mil millones en inversiones paralizadas directamente por la judicialización derivada de temas ambientales y sociales que generan conflicto en el país. Con ello, el país se convirtió en el undécimo con más conflictos ambientales del mundo, de acuerdo con el Atlas Global de Justicia Ambiental, casi triplicando los conflictos que tiene Canadá, y multiplicando por 10 los de Australia.
Esta incertidumbre llevó a que las nuevas iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental cayeran 60% en el primer trimestre del año, con una reducción de inversiones que llega al 83%, su menor nivel en 17 años.
En este escenario, el presidente de Corproa, Carlos Nicolás, espera “reglas claras que permitan el desarrollo de proyectos a largo plazo de manera de continuar con tasas razonables de crecimiento lo que permitirá generar empleos de calidad”.
Sostiene que es necesario que se invierta desde el sector público con mayor equidad: “Los recursos mayoritariamente hasta hoy se lo llevan las regiones más grandes, en cambio regiones como la nuestra, con baja densidad de población, siempre van con rezago en relación con las inversiones que debe ejecutar el sector público respecto al crecimiento que hemos tenido”.
Según Nicolás, para la región de Atacama es prioritario resolver el tema energético. “Sin duda que se destrabarían muchos proyectos si contamos con energía a precios competitivos y en cantidad suficiente”, asegura.
A su juicio, para facilitar el camino y apurar o reactivar las inversiones en la región, las nuevas autoridades deben ser “facilitadores y fiscalizadores de manera que cumpliendo con las exigencias legales se apure la tramitación de proyectos”.
Clave también es “recuperar las confianzas en que el sistema funciona, esto es con reglas claras y procesos definidos de manera que posteriormente no sean objetados por otros poderes del Estado”.
Por su parte, el empresario del Valle del Huasco, Daniel Llorente, confía en que el nuevo gobierno actuará en consecuencia con sus promesas de campaña para retomar niveles de crecimiento cercanos al 5%. “Debe hacer todos los esfuerzos para reactivar los grandes proyectos de inversión y espero que pronto resuelva las dudas respecto de las reformas anunciadas”.
Agrega que se requiere máxima velocidad en perfeccionar las políticas y estrategias referentes al medioambiente y las relaciones con los pueblos originarios. También acelerar el análisis y tomar medidas inmediatas en el plan energético y discutir a la brevedad los alcances de la reforma tributaria.
“Las autoridades deben “por un lado dar su respaldo a las iniciativas de inversión que cumplan con la legislación, dando señales claras a los grupos anarquistas y de posiciones extremas en términos de que se va a cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. También analizar uno a uno los proyectos detenidos y explorar en conjunto con el inversionista las alternativas para ejecutarlos en respeto por las personas”, añade Llorente.
Opina que para el despegue definitivo de Atacama, debe haber una “real intención de desarrollar empresas usando para ello toda la energía del Estado y los privados. Formar mesas de trabajo, promocionar la región a nivel nacional e internacional, un plan de desarrollo articulado, medible y con metas de corto, largo y mediano plazo”.
Finalmente, para Jorge Arévalo, gerente general de Pesquera Playa Blanca, es necesario “reanalizar cada proyecto de inversión retardado, retrasado y postergado, sus causas y ver la posibilidad de resolverlos bajo la mirada de las actuales autoridades. Programar reuniones con los inversionistas para tratar de analizar sus dificultades y posibles soluciones y no descuidar que nuestras prioridades son el agua y la energía”.
Christian Palma
Periodista Consultor
AtacamAcción
