Consejera Marcela Araya: “El proceso ha fracasado”

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El pleno del Consejo Constitucional votó este lunes el texto final de la propuesta de nueva Constitución, aprobada con 33 votos provenientes de la mayoría la derecha y la ultraderecha, y que tuvo 17 votos minoritarios de rechazo, promovidos por las fuerzas progresistas, incluyendo el voto de la consejera de Atacama, Marcela Araya (PS).

En la justificación de su voto en contra, la consejera Araya comenzó su intervención saludando “especialmente a aquellos que viven en la región de Atacama, y quienes ven que hoy, nuevamente, el órgano constitucional ha fracasado en su misión de escribir una constitución justa, inclusiva, regionalista y que pusiera fin al abuso de los poderosos en nuestro país”.

Si, compatriotas, este proceso constitucional ha fracasado en la misión encomendada por el pueblo de Chile, de escribir una carta magna que fuera mejor que la Constitución vigente, una verdadera máquina de reproducción de diferencias y desigualdades que ha determinado la vida de un país entero”, agregó.

La representante precisó que “tras la construcción de este texto constitucional irresponsable, mal escrito, identitario y representativo de un solo sector de nuestra sociedad, será la mayoría circunstancial de la derecha quienes deberán asumir la responsabilidad histórica de querer perpetuar los privilegios de unos pocos, a costa de la vida de millones de chilenas y chilenos que han visto vulnerada su dignidad y la de sus familias, familias que han sufrido el azote del abuso durante 50 años”.

Entre los aspectos que justifican su votación en contra de la propuesta, Araya señaló que el texto constitucional “retrocede el debate democrático en 20 años, en cuanto a derechos sociales, derechos laborales, derechos de las mujeres, así como con nuestros derechos sexuales y reproductivos, o con el derecho al agua, porque haría retroceder la última reforma al código de aguas”.

Las supuestas concesiones de la derecha vienen con letra chica, y se basan sobre un Estado social de papel, quitándole toda la fuerza vinculante para garantizar derechos sociales en salud, pensiones y educación, incluso prohibiendo al poder judicial intervenir en materia de derechos sociales.”, expresó la consejera.

Añadió que “la letra chica se aprecia en el acto de constitucionalizar las ISAPRES con un verdadero “salvataje constitucional”, o bien, con la consolidación de las AFPs. La letra chica está en constitucionalizar el voucher o pago por estudiante, que debilita la enseñanza curricular del Estado y privilegia la educación privada dándole mayor autonomía, aumentando la brecha y segregación entre colegios públicos pobres y colegios particulares privados”.

En materia de descentralización, Araya indicó que, desde el progresismo, “quisimos consagrar más democracia en la descentralización del poder en las comunidades regionales y locales, pero lo que obtuvimos de la derecha fue un portazo a la “autonomía política”, restableciendo la figura de la desconcentración, o asegurando la reelección de autoridades regionales y locales en distintas comunas, una verdadera silla musical que promueve el turismo electoral.”.

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