La ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya Novoa, encabezó una
reunión de evaluación de la entrada en vigencia de la Ley 21.527, de Reinserción Social
Juvenil, en la que participaron jueces y juezas, administradores y administradoras de la
macrozona norte, que involucra las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó
y La Serena.
La instancia, desarrollada por videconferencia, permitió a la ministra Araya, coordinadora
ejecutiva nacional de la Implementación de la Ley 21.527, conocer detalles del
funcionamiento de los juzgados de garantía en el marco de esta normativa, que entró en
vigencia en enero de este año para las regiones señaladas.
En el encuentro participaron, además, integrantes del Departamento de Desarrollo
Institucional, Miguel Castro y Roberto Gallardo, y para la ministra Araya fue bastante
provechosa porque resulta importante determinar nudos críticos, problemas interpretativos,
problemas de implementación, de información y capacitación de los actores del sistema.
“Esta reunión fue fructífera obtuvimos insumos para determinar posibles mejoras en la
implementación en la ejecución de la ley, que nos sirven ahora en la macro zona norte, pero
también para la implementación en las regiones que vienen a continuación, en las dos
siguientes etapas que corresponden a los años 2025 2026”, dijo la ministra Araya.
Añadió que en su calidad de coordinadora ejecutiva desarrolló esta actividad por especial
encargo de ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue Limare, encargado de la
implementación de esta ley y de los Asuntos de Niñez.
“La información recopilada se va a refundir, se va a efectuar con ella un compilado que va
a ser entregado a la mesa técnica, que está abocada a determinar la puesta en marcha de la
Ley 20.527 en sus distintas etapas”, expresó.
La Ley 21.527 introduce modificaciones a la Ley 20.084 (Responsabilidad Penal
Adolescente), elimina el Sename y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, en uno
de los cambios más relevantes en los últimos años en lo relacionado con los imputados
adolescentes, y que tiene como principio apuntar a su resocialización a través de programas
que contribuyan al abandono de las conductas delictivas y a la integración social de los
jóvenes con una mirada intersectorial.
