El artículo de investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, publicado en noviembre de 2024, ofrece un análisis exhaustivo sobre la «Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales» (LMAS) de Tomás De La Maza.
Este proyecto legislativo busca simplificar y hacer más eficientes los complejos procesos de permisos en el país, conocidos como “permisología”. A pesar de que el estudio reconoce que la LMAS representa un avance significativo en la modernización del marco regulatorio chileno, también expone serias deficiencias que podrían comprometer su efectividad.
Una crítica central se dirige a la propuesta inicial de establecer un nuevo servicio público independiente para gestionar el sistema de autorizaciones. Esta idea fue considerada contraproducente, ya que podría agregar una capa adicional de burocracia sin una definición clara de su mandato. Como se menciona en un estudio anterior del CEP (García-Huidobro et al., 2024), se identificaron tres debilidades clave: la falta de justificación sólida para la creación de este nuevo servicio, la ausencia de soluciones de diseño institucional para enfrentar los desafíos existentes y el mantenimiento del modelo de control ex-ante, que ha demostrado ser ineficaz en muchos aspectos.
Un compromiso político llevó a revisar la propuesta, reemplazando el servicio independiente por una «Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión» dentro del Ministerio de Economía. Aunque esta modificación ha llevado a la eliminación de la antigua «División de Fomento, Inversión e Industria» y a la creación de mesas regionales de trabajo y un comité de subsecretarios, persisten dudas sobre la capacidad de la nueva estructura para cumplir con sus objetivos.
En este contexto, es fundamental considerar el estado actual de la tramitación de permisos en Chile, donde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) juega un rol preponderante. Este servicio recibe los estudios de impacto ambiental elaborados por las propias empresas, los cuales son revisados por distintos órganos del Estado y ciudadanos interesados. Sin embargo, este proceso a menudo se extiende durante largos plazos de observación y adendas, en los cuales nadie posee las competencias técnicas necesarias para realizar un análisis holístico y objetivo de las sinergias de los proyectos. Esto incluye la crucial relación entre el costo ambiental y el beneficio social que podría generar cada iniciativa.
Además, la tramitación de permisos se ve afectada por otras capas de permisos políticos, como votaciones, el Consejo de Ministros, la Seremi de Salud y los instrumentos de planificación territorial. Todo este entramado burocrático, que se extiende a lo largo de años, desemboca frecuentemente en una insatisfacción generalizada entre todas las partes involucradas. Esta insatisfacción puede llevar a recursos de protección o procesos en tribunales ambientales, que a su vez pueden dilatar aún más los plazos de tramitación, generando un ciclo de ineficiencia que ahonda las frustraciones de empresas, comunidades y el Estado.
El artículo del CEP examina con detalle la nueva Oficina y sus funciones, que se centran en tres roles principales: gestionar autorizaciones, facilitar proyectos grandes y prioritarios, y supervisar la regulación. Sin embargo, identifica varias debilidades inherentes a la propuesta:
1. Limitaciones Sectoriales: El enfoque sectorial de la LMAS restringe el alcance de la Oficina, excluyendo áreas cruciales como los permisos ambientales. Esta limitación dificulta una evaluación integral del sistema y contrasta con las mejores prácticas internacionales, donde las agencias similares suelen abarcar evaluaciones ambientales.
2. Confusión de Roles: Las responsabilidades de la Oficina difuminan las líneas entre la gestión de autorizaciones y la supervisión regulatoria, lo que podría llevar a una falta de claridad en su funcionamiento. Además, se argumenta que sus poderes en materia de supervisión regulatoria son débiles, lo que limita su capacidad para abordar adecuadamente las interacciones entre las autorizaciones y la regulación.
3. Capacidad Insuficiente y Poderes: La ubicación de la Oficina dentro del Ministerio de Economía limita su influencia en comparación con agencias similares a nivel internacional, que a menudo operan en el centro del gobierno. La falta de poder para hacer cumplir sus recomendaciones o sancionar el incumplimiento representa un obstáculo adicional para su eficacia.
Ante estas deficiencias, el documento propone varias recomendaciones que podrían mejorar el diseño y funcionamiento de la Oficina:
– Reducción de Funciones Regulatorias: Se sugiere que la Oficina debería concentrarse en la gestión de procesos de autorización y en la estandarización de procedimientos, en lugar de asumir una regulación sectorial sustantiva.
– Fortalecimiento de Capacidades: Es crucial mejorar la capacidad de la Oficina mediante su acercamiento al centro del gobierno y fortaleciendo su apoyo a las agencias sectoriales. Además, se sugiere aumentar la transparencia y establecer posibles sanciones para las agencias que no cumplan con los plazos establecidos.
– Separación de Criterios de Priorización: Se recomienda que la determinación de los criterios de priorización de proyectos se separe de su aplicación técnica, permitiendo que la Oficina se encargue de la aplicación de criterios a proyectos individuales.
– Minimización de Regulaciones Excesivas: Se sugiere evitar la regulación excesiva dentro del Sistema, especialmente en lo que respecta a las mesas regionales de trabajo y la estructura interna de la Oficina.
En conclusión, aunque la LMAS y la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión proponen avances importantes en la gestión de permisos en Chile, el análisis del CEP evidencia que aún queda un largo camino por recorrer. Las deficiencias identificadas requieren atención urgente, especialmente en el contexto de un sistema de permisos que ya se encuentra sobrecargado y fragmentado. La implementación de las mejoras sugeridas podría llevar a un sistema más ágil y eficiente, facilitando tanto la inversión como la responsabilidad ambiental en las industrias chilenas, y, en última instancia, contribuyendo a un desarrollo sostenible que beneficie a la sociedad en su conjunto.
Fuente: Iniciativa HuascoNautas
