La reciente revelación del informe de la Contraloría General de la República ha dejado al país con cifras tan sorprendentes como preocupantes: más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido los términos de sus licencias médicas, utilizando estos periodos de reposo para viajar al extranjero entre 2023 y 2024. La provincia del Huasco no ha quedado al margen de esta situación, dondehay funcionarios involucrados, pertenecientes a municipios, Atención Primaria de Salud y el Servicio Local de Educación Pública.
Entre ellos, destaca el caso de un médico extranjero con 16 licencias médicas ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en instituciones que, en teoría, deberían estar entre las más comprometidas con el cuidado de la ciudadanía?
Este no es solo un tema de trámites irregulares o de procedimientos administrativos. Esto es una falta grave a la fe pública. Un golpe directo a la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Cada vez que un funcionario utiliza una licencia médica de manera fraudulenta, no solo le está robando al sistema: le está robando al país, a sus colegas y a cada persona que necesita atención oportuna y recursos públicos bien administrados.
El respeto por la ley no puede ser selectivo, ni opcional. Quien elige dedicarse al servicio público lo hace con el deber ineludible de actuar con transparencia, ética y responsabilidad. No hay excusas para vulnerar normativas sanitarias ni para aprovecharse de las licencias médicas, un derecho concebido para proteger a quienes realmente lo necesitan.
Aplaudimos que las instituciones locales, como los municipios de Vallenar y Huasco, y el SLEP Huasco, hayan expresado públicamente su repudio a estos hechos. Sin embargo, las declaraciones no bastan. Se necesita acción concreta: investigaciones internas, devoluciones de fondos, sanciones ejemplares y, sobre todo, medidas que impidan que esto vuelva a ocurrir.
Hoy más que nunca, es momento de mirar con atención y autocrítica lo que ocurre dentro de nuestras instituciones públicas. La apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público es un paso necesario. Pero el llamado va más allá de lo judicial: urge fortalecer la cultura de la probidad en el Estado, y eso comienza por cada funcionario, desde el más alto hasta el más nuevo.
El verdadero servicio público no se mide en discursos ni en publicaciones en redes sociales. Se mide en la honestidad diaria, en la coherencia ética y en el respeto irrestricto a las reglas comunes, incluso cuando nadie está mirando.
La ciudadanía espera respuestas, pero también espera justicia. Y sobre todo, espera que sus instituciones —y quienes las representan— estén a la altura del deber que asumieron. Lo mínimo que merecen es respeto.
