En tiempos donde la escasez hídrica amenaza la subsistencia de comunidades completas, la reciente cancelación de los polémicos derechos de agua del río Matancilla marca un precedente histórico para la provincia del Huasco. No se trata solo del fin de un conflicto legal: es la ratificación de que el agua no puede ser vista como un recurso de papel, sino como un bien esencial que debe estar al servicio de quienes realmente la necesitan y la usan para producir, cultivar y vivir.
Gracias a la perseverancia de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, sumada a la acción decidida de la Dirección General de Aguas y el respaldo interregional de la DGA de Coquimbo, se logró lo que parecía imposible: la cancelación definitiva de inscripciones que pretendían agregar 920 litros por segundo de nueva demanda a un sistema hídrico ya tensionado. Esta medida, confirmada por la Corte Suprema, devuelve la tranquilidad a los regantes del valle del Huasco, quienes veían con preocupación cómo sus derechos podían verse vulnerados por maniobras administrativas ajenas a la realidad territorial.
Este caso deja enseñanzas profundas. Primero, que los procesos de perfeccionamiento y regularización de derechos de agua deben ser rigurosos, transparentes y técnicamente fundamentados. Segundo, que la movilización ciudadana, organizada y acompañada por instituciones comprometidas, puede defender lo que es justo. Y tercero, que el Estado debe mantener su rol vigilante y garante del acceso equitativo al agua, especialmente en zonas agrícolas donde el recurso define el destino de cientos de familias.
Matancilla no es solo una victoria legal. Es una victoria moral y social. Y un llamado a no bajar la guardia cuando lo que está en juego es el agua de todos.
