Luego de conocida la detención de un médico en Vallenar tras la incautación de plantas de marihuana en su domicilio, la defensa del profesional manifestó su total desacuerdo con la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el tribunal.
El profesional fue detenido en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Local junto a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, tras un allanamiento en su vivienda ubicada en el sector Hacienda Compañía, procedimiento que generó amplio impacto en la comunidad. Desde la defensa, el abogado Juan Cortés Olguín, señaló que harán uso de todas las herramientas legales disponibles para revertir la medida, calificando la resolución judicial como desproporcionada. En esa línea, destacó que se trata de un profesional “reconocido y connotado dentro de la comunidad”, quien incluso ha recibido distinciones y reconocimientos por su trayectoria médica y aporte social. Según argumentaron, el cultivo de cannabis tenía fines estrictamente medicinales y no comerciales. “Lo que él buscaba era elaborar aceite de cannabis para consumo personal en tratamientos de salud, en base a su experiencia médica y conocimiento científico”, indicaron.
Asimismo, Cortés sostuvo que la cantidad de plantas incautadas no corresponde a una producción a gran escala, sino a un volumen acotado destinado a generar una cantidad limitada del producto. “No estamos hablando de producción masiva, sino de lo necesario para un tratamiento específico”, afirmaron. Otro de los puntos expuestos por la defensa apunta a la ausencia de intención de ocultamiento. De acuerdo con su versión, el cultivo se encontraba a la vista, sin medidas para esconderlo, lo que —aseguran— da cuenta de que no existía una finalidad ilícita. Respecto a la imputación por eventual narcotráfico, la defensa fue enfática en descartarla, señalando que no existen antecedentes que respalden dicha acusación. Indicaron que, según el propio informe policial, no se logró acreditar movimiento de personas que permitiera inferir la venta de sustancias desde el domicilio o consulta del médico. Además, cuestionaron que la presencia de dinero en efectivo haya sido interpretada como un indicio de actividad ilícita, argumentando que se trata de una situación habitual en el ejercicio de la profesión médica. Finalmente, la defensa adelantó que evaluará recurrir a instancias superiores, incluso al Tribunal Constitucional, insistiendo en que el caso ha sido sobredimensionado. “No estamos frente a un narcotraficante, sino ante un profesional que, eventualmente, pudo haber incurrido en un error administrativo respecto a la cantidad permitida, pero cuya intención era aportar desde la medicina alternativa”, concluyeron.
