La reciente sentencia de primera instancia del Segundo Juzgado de Letras de Copiapó, que ordena a la Municipalidad de Vallenar restituir más de 9 mil millones de pesos asociados a subvenciones educacionales, ha abierto un debate que trasciende lo jurídico y se instala de lleno en el ámbito político e institucional de la comuna. Más allá de las apelaciones que puedan presentarse y del camino que el caso aún debe recorrer en tribunales, lo cierto es que esta situación vuelve a poner en discusión la forma en que se administraron recursos públicos destinados a la educación de cientos de estudiantes.
Los fondos involucrados no eran recursos cualquiera. Se trataba de dineros provenientes del sistema educacional, orientados a mejorar oportunidades para niños y jóvenes, especialmente a través de programas que buscaban fortalecer el aprendizaje y apoyar a estudiantes en contextos de mayor vulnerabilidad. Cuando hoy se habla de cifras que superan los 9 mil millones de pesos, inevitablemente surge una pregunta que la comunidad tiene derecho a plantear: ¿dónde estaban los mecanismos de control y fiscalización cuando estos recursos debían ser supervisados?
En este punto, el rol del concejo municipal de la época resulta imposible de ignorar. La ley es clara al establecer que los concejales tienen una función esencial de fiscalización sobre la gestión del alcalde y de la administración municipal. No se trata de una tarea secundaria ni simbólica; es una responsabilidad central dentro del sistema democrático local. Los concejales están llamados a revisar, cuestionar, solicitar antecedentes y levantar alertas cuando detectan irregularidades o inconsistencias en el manejo de recursos públicos.
Por lo mismo, la discusión no puede centrarse únicamente en las autoridades ejecutivas que encabezaban el municipio en ese momento. También corresponde mirar el rol que cumplieron —o que debieron cumplir— quienes formaban parte del concejo municipal durante ese periodo. La fiscalización no es un ejercicio que se activa solo cuando estallan los conflictos o cuando los tribunales intervienen; debe ser permanente, rigurosa y ejercida con independencia política.
Resulta aún más relevante recordar este punto cuando algunas de las figuras políticas que hoy opinan o participan del debate público ocuparon en ese tiempo cargos de concejal. Algunos de ellos incluso continúan hoy desempeñando funciones dentro del municipio o en otros espacios de representación. Por ello, es legítimo que la comunidad se pregunte si en ese momento se ejerció realmente el rol fiscalizador con la firmeza y la responsabilidad que la ley exige.
La política local no puede funcionar bajo la lógica de la memoria selectiva. Cuando surgen problemas de esta magnitud, la revisión debe ser amplia y honesta. No basta con señalar responsabilidades administrativas o judiciales; también corresponde asumir responsabilidades políticas. Y estas responsabilidades no se diluyen con el paso del tiempo ni con el cambio de cargos.
Si algo debe dejar este proceso, más allá de lo que finalmente resuelvan los tribunales, es una lección clara sobre la importancia de la fiscalización y del control político dentro de los municipios. Porque cuando los recursos públicos no se supervisan con rigor, las consecuencias las termina pagando toda la comunidad.
La confianza ciudadana se construye con transparencia, con autocrítica y con la voluntad de asumir responsabilidades cuando corresponde.
