La Superintendencia de Educación emitió el dictamen N° 78, en el que actualiza los criterios sobre el uso de medidas de seguridad en colegios y que permite la instalación de detectores de metales en “casos justificados”, para hallar armas y elementos peligrosos.
El texto sustituye el Dictamen N°65 de 2022 al incorporar los cambios establecidos por la Ley N°21.809 de Convivencia Escolar que comienza a regir desde 1 de julio de este año.
El documento sostiene que los establecimientos educacionales podrán incorporar tecnologías de seguridad como pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares.
No obstante, para implementar estos mecanismos se necesitará cumplir una serie de requisitos, tales como que la comunidad educativa esté de acuerdo; la confección de un protocolo interno y la obtención de informes y aprobaciones por parte de las autoridades competentes.
Asimismo, la Ley N°21.809 incluye la revisión de mochilas u otras pertenencias personales, pero el documento emitido por la Superintendencia señala que se trata de una materia que requiere una habilitación legal expresa, la cual actualmente se encuentra a la espera de su promulgación en manos del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.
Sobre el dictamen, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, dijo que “entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa. Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas”, publicó Emol.
En este sentido, desde la Superintendencia de Educación sostienen que a través de este texto el organismo “releva su rol orientador, entregando lineamientos claros que buscan apoyar a las comunidades educativas en la toma de decisiones, promoviendo un equilibrio entre seguridad, bienestar y un ambiente adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral en las escuelas”.
REGISTRO DE VÁNDALOS
En tanto, la encuesta Black & White difundió ayer una nueva encuesta donde profundizó en la reacción de la ciudadanía a la cuenta Pública del mandatario José Antonio Kast.
En este contexto, se sondeó cómo fue calificada la creación de un Registro Nacional de Vándalos, parte del paquete legislativo que ingresará el ministerio de Seguridad y que tiene por objeto sancionar con pérdida de beneficios sociales a quienes cometan incivilidades.
De esta forma, la mayoría (67%) dijo que respaldaba la idea de este registro.
La proporción de los encuestados que aprueban esta iniciativa aumenta en el segmento C3, y en personas mayores de 35 años.
No obstante, la mayoría está de acuerdo con sancionar el rayado o la intervención de espacios públicos (67%), y el consumir drogas en la vía pública (62%) con la pérdida de beneficios sociales. La proporción aumenta en el segmento C3, y a medida que aumenta la edad.
