Comunidades diaguitas valoraron suspensión judicial de proyecto El Alto

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Las comunidades diaguitas y organizaciones ciudadanas del Valle del Huasco se pronunciaron tras la resolución del 9 de noviembre de 2026, mediante la cual el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender los efectos de la aprobación ambiental del proyecto Prospección Minera El Alto. La medida cautelar, acogida en el marco de una de las reclamaciones judiciales contra la iniciativa, tiene una duración inicial máxima de 30 días, prorrogable, e impide que el proyecto continúe ejecutándose al amparo de su aprobación ambiental mientras se analiza su legalidad.
A través de un comunicado, las organizaciones valoraron la decisión y señalaron que el Tribunal reconoció que no es posible descartar riesgos de daños graves e irreversibles sobre glaciares, glaciaretes y permafrost, elementos que forman parte del ecosistema altoandino y cumplen un papel en la reserva y provisión de agua dulce. Según expusieron, el proyecto contempla perforaciones de hasta 700 metros de profundidad en un sector donde se encuentran los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Además, indicaron que en sus reclamaciones advirtieron que algunas plataformas de sondaje proyectadas estarían ubicadas a solo 300 metros de los glaciares.
Las comunidades recordaron que, en 2020, cuando el proyecto ya contaba con una orden de clausura definitiva, la empresa volvió a realizar actividades de sondaje en el mismo sector. Frente a esa situación, recurrieron a la justicia y, en febrero de 2022, la Corte Suprema, mediante el Rol N°58.288-2021, declaró ilegales y arbitrarias dichas actividades por ser incompatibles con la clausura. El fallo estableció que la empresa no podía utilizar la infraestructura y los recursos del proyecto clausurado para nuevos sondajes, puesto que las únicas obras permitidas eran aquellas destinadas a concretar su cierre definitivo. Las organizaciones sostuvieron que el Tribunal Ambiental constató que El Alto pretende realizar nuevas perforaciones en la misma área vinculada a Pascua Lama.
En el comunicado, las comunidades y organizaciones también cuestionaron la continuidad de iniciativas mineras en el sector, señalando que Barrick Gold insistía en desarrollar nuevas actividades pese a los antecedentes de incumplimientos ambientales, sanciones administrativas y resoluciones judiciales relacionados con Pascua Lama. Asimismo, plantearon que sus reclamaciones contra El Alto contienen observaciones sobre la evaluación de los efectos en glaciares, permafrost y recursos hídricos; la relación con el proyecto clausurado; la consideración de los impactos sobre comunidades indígenas y sus territorios, y la ausencia de consulta indígena.
Finalmente, las organizaciones precisaron que la suspensión constituye una medida cautelar y no una sentencia definitiva sobre la legalidad de la aprobación ambiental. Por ello, anunciaron que continuarán las acciones judiciales para conseguir que sus reclamaciones sean acogidas y que la aprobación ambiental del proyecto sea dejada sin efecto. El pronunciamiento concluyó señalando que los glaciares, las aguas y los ecosistemas altoandinos del territorio no deben quedar expuestos a iniciativas cuyos impactos ambientales y procesos de aprobación han sido cuestionados.

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