Corte de Apelaciones ratifica condena contra Municipalidad de Freirina por despido improcedente

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El tribunal confirmó la sentencia que reconoció una relación laboral encubierta bajo contratos a honorarios y ordenó el pago de indemnizaciones y cotizaciones previsionales correspondientes a tres años de servicios. El municipio ya desembolsó más de $10,7 millones por concepto de prestaciones laborales.

Una sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral y establece consecuencias económicas para la Municipalidad de Freirina quedó firme luego de que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazara, el 11 de mayo de 2026, los recursos de nulidad presentados por ambas partes, manteniendo lo resuelto previamente por el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina.
El caso se originó por la desvinculación de una ex trabajadora municipal que prestó servicios entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, período durante el cual mantuvo contratos bajo la modalidad de honorarios. Sin embargo, tras analizar los antecedentes y las pruebas presentadas durante el juicio, el tribunal determinó que las funciones desarrolladas correspondían, en la práctica, a una relación laboral de carácter indefinido.
Entre los elementos considerados por el tribunal estuvieron la continuidad de los servicios, el cumplimiento de una jornada laboral, el control de asistencia, la supervisión de superiores y el desempeño de funciones administrativas permanentes dentro de la estructura municipal.
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la aplicación del principio de primacía de la realidad, que establece que las condiciones efectivas en que se desarrolla un trabajo tienen mayor relevancia que la denominación formal del contrato. De esta manera, se concluyó que la contratación a honorarios no correspondía a la naturaleza real de las funciones desempeñadas.
Asimismo, el tribunal desestimó los argumentos relacionados con una supuesta renuncia voluntaria, considerando que, después de la fecha en que habría sido presentada, se suscribió un nuevo contrato de prestación de servicios y la trabajadora continuó desarrollando sus funciones sin interrupciones.
En consecuencia, se declaró que existió una relación laboral entre las partes y que el término de esta se produjo sin una causal legal que lo justificara, por lo que fue calificado como despido improcedente.
Las obligaciones económicas del municipio
Como resultado del fallo, la Municipalidad de Freirina fue condenada al pago de distintas prestaciones laborales: $1.200.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo, $3.600.000 por años de servicio, $1.800.000 correspondientes al recargo legal del 50% y $2.520.000 por concepto de feriado legal y proporcional adeudado.
A estos montos se sumó la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social correspondientes a todo el período trabajado, entre enero de 2022 y diciembre de 2024.
La liquidación judicial realizada el 3 de septiembre de 2026 estableció que las prestaciones laborales alcanzaban un total actualizado de $10.707.488, considerando reajustes e intereses. De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa, la Municipalidad informó haber realizado el pago íntegro de esa suma el 29 de septiembre de 2026.
Sin embargo, el pago de las indemnizaciones no elimina la obligación establecida en la sentencia respecto de las cotizaciones previsionales pendientes, las que también deben ser enteradas por el período reconocido judicialmente.
La situación generó fuertes cuestionamientos sobre la gestión administrativa y el resguardo del patrimonio fiscal durante la sesión del Concejo Municipal celebrada el pasado 4 de noviembre. En la instancia, el concejal Claudio Lazcano Rojas criticó el destino de los fondos públicos para cubrir este tipo de fallos judiciales y planteó llevar el caso ante el ente fiscalizador.

CONCEJO

«La indemnización fue de 10 millones de pesos y aún no se traspasa la plata de acuerdo a las cotizaciones, que son $40 millones de pesos. Son recursos que perfectamente se pudiesen ocupar en delegados o más profesionales, y tenemos que gastar la plata de Freirina en indemnizaciones, y eso es grave», señaló el edil durante su intervención.
En esa misma línea, Lazcano respaldó la postura de llevar los antecedentes al organismo contralor para esclarecer quién debe asumir el costo financiero de estas decisiones: «Yo soy de la idea, tal como lo señaló la concejala, que si se llega a comprobar un despido injustificado, nosotros tenemos que enviar los antecedentes a Contraloría para determinar si se tiene que pagar con plata del pueblo o la persona que autorizó ese despido, ya sea el alcalde de su bolsillo o el superior directo de ese funcionario, porque es la plata de ustedes que se va en indemnizaciones», finalizó el concejal.
Este medio reiteró en diversas ocasiones las consultas y preguntas al municipio para conocer su postura sobre la situación y saber qué medidas tomarían, sin embargo, no hubo ningún tipo de respuesta sobre el tema y tampoco, para decir, al menos de manera educada y cortés, que declinaban referirse al tema. Sólo, no hubo respuesta y plasmó el silencio.
Cabe precisar que el tribunal no acogió la solicitud de nulidad del despido, argumentando que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, dicha sanción no resulta aplicable en este tipo de situaciones cuando el empleador es un organismo de la Administración del Estado que originalmente contrató bajo una normativa estatutaria. De esta manera, el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones dejó firme la sentencia que reconoció la relación laboral y estableció las obligaciones económicas para el municipio, cerrando la discusión judicial sobre los aspectos principales de la demanda y manteniendo la obligación de cumplir con las prestaciones laborales y previsionales determinadas en el fallo.

 

 

 

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