En marzo de este año el municipio de Vallenar denunció en Contraloría Regional de
Atacama a 5 de los 6 concejales de la comuna por faltas reiteradas a la probidad
administrativa. Esto debido a que votaron y aprobaron acuerdos donde sus propios
asesores y representantes, a la vez eran los representantes de quienes demandaron
al municipio. Estos asesores por una parte recibían el pago de los concejales como
sus asesores y además el beneficio de los acuerdos alcanzados. Si bien el órgano
Contralor desestimó pronunciarse al respecto, debido a que según señaló en su fallo
los concejales no cuentan con responsabilidad administrativa, pues no son
funcionarios, por lo que no puede aplicárseles un procedimiento disciplinario. Al
respecto la Contraloría señala que “sin perjuicio de la prerrogativa que le otorgan los
art. 76 letra f y 77 de la Ley Nº 18.695, a cualquier concejal para requerir al Tribunal
Electoral Regional la declaración de su cesación en el cargo en caso de haberse
incurrido en una contravención grave al principio de probidad administrativa, en
relación con las actuaciones denunciadas en esta oportunidad”. Sin embargo,
explicaron desde la Dirección Jurídica del municipio de Vallenar, la Contraloría “no se
pronunció sobre el deber que debe cumplir toda autoridad frente al principio de
Probidad administrativa. que en su art.52. Ley. 18.575, señala que las autoridades de
la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las
designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública,
sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la
probidad administrativa".
Al respecto el municipio señaló que “desde nuestro punto de vista y siempre en el
afán de resguardar los recursos de la comuna y actuar con transparencia y probidad,
consideramos que lo obrado por este grupo de concejales es inaceptable, ya que no
pueden por un lado llegar a acuerdos y aprobar recursos y por otro recibir la asesoría
de los mismos abogados demandantes… para nosotros es una clara falta a la
probidad… Si es o no administrativa, eso lo tendrán que dilucidar ahora otros
tribunales, ya que hemos decidido perseverar en la acusación, porque como les
señalé, tenemos la convicción de que este tipo de conductas es inaceptable”.
Agregaron además que “los concejales estaban en la obligación de dar a conocer esta
relación con los abogados demandantes, abstenerse de votar los acuerdos y no lo
hicieron una y otra vez, por lo que hay una evidente falta de imparcialidad”.
