Seis funcionarios desvinculados y el actual concejal por Vallenar, Hugo Páez Suárez, presentaron una querella por el delito de “prevaricación administrativa” contra el alcalde de Vallenar, Armando Flores y dos exfuncionarias de confianza que posteriormente fueron también desvinculadas por Flores en lo que ha sido su administración. Se trata de Patricia Herrera, ex administradora municipal y Paula Garay, ex directora jurídica.
Según los hechos relatados en el libelo, los querellantes, que fueran funcionarios municipales en las administraciones del exalcalde Cristián Tapia y del exalcalde suplente Víctor Isla, y que en su momento fueron desvinculados por este último; posteriormente fueron reintegrados según ordeno resolución de la Corte Suprema.
Fundan su pretensión en el hecho de que luego de que Armando Flores en 2021 les informara que no volverían a ser destituidos de sus labores; para que tan solo 5 meses después, fueran notificados del terminó de sus labores, indicándoles que supuestamente sus funciones habían dejado de ser necesarias, debido a razones presupuestarias (según señalaban los actos administrativos dictados por la autoridad para ello), por tanto, no podían seguir siendo parte del municipio.
Bajo este contexto, nuevamente los afectados interpusieron un recurso de protección, basado en las faltas de fundamento de hecho en dicha determinación, esbozando como argumento principal que se estaba discriminando a estos trabajadores desvinculándoles de la municipalidad, esto último, debido a que la decisión estaba fundada realmente en razones de índole político personal y de relación con la administración anterior.
Es necesario indicar que dos exfuncionarias de confianza del alcalde Armando Flores, Patricia Herrera (exadministradora municipal) y Paula Garay (ex directora jurídica), fueron también con el tiempo desvinculadas de la administración de este, y es contra ellas también que se presenta la querella por prevaricación.
La vinculación con ellas ocurre en el momento en que empiezan a gestionar sus propias causas judiciales de tutelas de derechos fundamentales, en virtud de la forma en la que fueron desvinculadas por el actual alcalde de la comuna; bajo ese escenario es que en sus declaraciones y medios de prueba ofrecidos en estos procedimientos, dan cuenta de que las decisiones tomadas por Armando Flores para desvincular a los querellantes de esta causa, en realidad nunca fueron por los motivos señalados en los decretos, sino que simplemente se elegían arbitrariamente por él, e inclusive, por su esposa.
La querella señala que ellas (ex administradora y ex directora jurídica) afirman que le señalaron al alcalde que estas acciones eran ilegales, pero es necesario indicar que estas ex funcionarias nunca representaron el acto por escrito para contrariar la decisión del alcalde y salvar su responsabilidad administrativa, y en este caso penal.
TESTIMONIOS
Fueron los testimonios de estas dos exfuncionarias municipales, a los que tuvo acceso este medio, y que antes que fueran declaradas como reservadas por el tribunal, los tomaran los querellantes para presentar la acción ya señalada.
En dichas declaraciones de la exabogada municipal (Garay), se señala que fue parte de las reuniones donde se tomó la decisión de desvincular a estos funcionarios, pero explica que “yo participé en la decisión final, por decirlo así. Y la orden no la tomó Patricia, la decisión no la tomó ella, la tomó el alcalde con su señora (sic)”.
Dice Garay en la declaración entregada en su proceso judicial por tutela laboral, que “Ella (Paola Ramírez) desde el día uno mandaba los correos para las invitaciones por reunión de Zoom. En las reuniones ella dirigía las reuniones. Muchas veces en las reuniones de alcaldía ella llegaba a las cuatro de la tarde a la oficina del alcalde. El alcalde no estaba porque tenía que cumplir agenda. Y ella se quedaba ahí. Cuando hubo esta primera desvinculación masiva de los 50 prestadores de servicio, ella manejaba una hoja, unas hojas, en formato Excel, destacadas con amarillo. Y ella decidía quién se queda y quién se va”.
En otro pasaje de su declaración, Garay señala “… Yo dije, bueno, será nomás, y hay una segunda, otra reunión que tuvimos nosotros que ahí netamente me compete a mí, porque ya era un tema más sensible que era el tema de las contratas, Prestadores de servicio, no le voy a quitar relevancia porque también fue un tema sensible, pero con las contratas es distinto porque venía un tema de las contratas del año anterior, que fue otro show político que hicieron acá, y ahí estuve yo presente, que eran 12 contratas. Que no había que renovarle, y eso lo estábamos trabajando como en octubre, para poder elaborar bien la resolución que se les notificaba a las contratas. Y ahí Paola textualmente me dice a mí, en presencia de Patricia, que ellas habían decidido, este sí, este no, este se queda, este se va. Y yo le digo, pero Paola, ¿por qué vas a hacer esto? Queríamos salvar a una funcionaria. No, las instrucciones son así y son así… (sic)”.
Por otra parte, la exadministradora municipal Patricia Herrera, también realizó importantes aseveraciones en su declaración, como por ejemplo explicar que tenía dos jefes cuando llegaron al municipio. “Nosotros, cuando entramos a trabajar en el municipio nos encontramos con la sorpresa que teníamos dos jefes en el fondo, tanto la pareja del alcalde como el alcalde y las instrucciones eran dadas por correo y por WhatsApp”.
Explica en la declaración que “las instrucciones eran a través de reuniones de lo que nosotros teníamos que hacer y esta persona nos daba sugerencias legales, administrativas, me imagino porque debe haber visto la ley y ella era la segunda persona que nosotros recibíamos instrucciones de parte del municipio (sic)”.
La declaración señala por parte de Herrera, que Paola Ramirez no estaba contratada por el municipio, y que daba órdenes a la directora de jurídico. “Cuando hicieron reunión para ver el tema de las contratas. Ella le daba las instrucciones de cómo pudiera resolver desde el punto de vista legal, le daba sugerencias y Paula, obviamente nosotros quedamos sorprendidos y ella nos ha dado las instrucciones de que ella no es abogada (sic)”.
Sabidos estos hechos, por parte de los ahora ex funcionarios municipales, afectados por lo que en concordancia con la ley, serian determinaciones arbitrarias y conformarían el delito de prevaricación administrativa, es que deciden querellarse en contra de Armando Flores, Paula Garay y Patricia Herrera, asi como tambien contra quienes resulten responsables en la investigación que se solicita se apertura por el Ministerio Público.
