La reciente solicitud de formalización contra cinco personas vinculadas a la Junta de Vigilancia del río Huasco y sus afluentes abre un debate que no puede pasarse por alto. Lo que aquí se investiga no es una falta institucional, sino presuntas responsabilidades individuales de quienes, en su calidad de directores o ex directores, pudieron haber actuado al margen de la ley en la administración de un recurso vital: el agua.
Es importante remarcar este punto. La investigación de la Fiscalía no pone en tela de juicio la existencia ni la legitimidad de la institución en sí misma, sino la conducta de ciertos dirigentes que, según el Ministerio Público, podrían haber cometido el delito de usurpación de aguas. De confirmarse, el daño no recae solo en términos legales, sino en la confianza de los regantes y de la comunidad que espera una gestión limpia y transparente del recurso.
Aquí se trata de actos personales y no de decisiones colectivas de la institución. Esa diferencia es clave: no es la Junta de Vigilancia la que está siendo procesada, sino individuos que utilizaron sus cargos para tomar decisiones cuya legalidad hoy es cuestionada. Y frente a ello, la responsabilidad no puede diluirse en comunicados ni en discursos defensivos.
El agua del río Huasco es un bien estratégico y escaso, cuya administración exige probidad y visión comunitaria. Cuando quienes están llamados a resguardar este bien común ven empañada su labor por investigaciones judiciales, la institucionalidad se resiente, aunque la falta sea atribuible a personas específicas.
La lección es clara: las instituciones deben blindarse de los errores y faltas de quienes las representan. Los cargos de representación no pueden convertirse en espacios de beneficio personal, porque lo que está en juego no es solo un derecho de agua, sino la confianza de toda una cuenca que depende de una gestión responsable y justa.
