La decisión del presidente Sebastián Piñera de frenar la construcción de la Central Termoeléctrica Barrancones en Punta de Choros, tras una llamada telefónica a los dueños de la empresa Suez Energy, acarreó repercusiones políticas inmediatas que el gobierno aún no logra digerir. La «intervención» fue el capítulo siguiente tras una semana marcada por la buena noticia del hallazgo con vida, de los 33 mineros en la mina San José. Las críticas surgieron desde todos los sectores políticos, en voz alta y algunos más discretos, incluidos los dirigentes de los partidos de la Alianza, quienes advirtieron que la actuación de Piñera estaba «por sobre la legalidad». Esto, porque la Corema de Coquimbo había aprobado la instalación de la planta termoeléctrica cumpliendo con todos los pasos que contempla la normativa legal. En este escenario, el análisis de La Moneda consideró necesario reordenar la situación para aplacar los cuestionamientos y dar una señal de tranquilidad al sector empresarial, quienes veían con preocupación el futuro de ciertas inversiones, puestas en jaque por una llamada directa del presidente. Inmediatamente, se decidió que Piñera visitara Punta de Choros y anunciara en terreno, que en las próximas semanas se enviará al Congreso un proyecto para regular aspectos específicos de la legislación medioambiental que incluye la localización de grandes proyectos industriales, como las centrales termoeléctricas. De regreso en Santiago, el propio jefe de Estado elige como escenario el encuentro de pequeños empresarios, Enape, para argumentar su postura. “Tengo la más profunda convicción que hice lo que tenía que hacer, que cumplí con mi deber, que logré proteger un santuario que merecía protección y que lo hice dentro de la institucionalidad y dentro del Estado de Derecho, y agradezco la comprensión y colaboración de la Empresa Suez Energy en esta materia”, sentenció. El gobierno sale en bloque a defender la actuación del mandatario a pesar de los reparos de un par de ministros quienes -a puerta cerrada- reclamaban que habían sido pasados a llevar. No habían sido consultados respecto de las decisiones que se estaban adoptando desde palacio e incluso, se enteraban por la prensa de las disposiciones de Piñera sobre la materia.
Participación en el comité político
Un hecho que marcó un precedente fue la irrupción en el comité político de Sebastián Piñera. El mandatario explicó personalmente, su decisión y los alcances además, de darles seguridades a los presidentes de RN, la UDI y los jefes de bancada, que situaciones como aquellas, no volverán a ocurrir. Los asistentes quedaron conformes con las explicaciones y así lo dieron a conocer a la salida quienes manifestaron que el caso de Barrancones fue una «excepción». Por su parte, la vocera Ena von Baer reafirma lo manifestado por los dirigentes saliendo del paso de los cuestionamientos y señalando que lo de Punta de Choros fue una situación excepcional y la necesidad de mejorar la norma ambiental. Refuta, a su vez , la política medioambiental hererada de los gobiernos de la Concertación . “Esta fue una situación excepcional. El presidente se encuentra en una situación compleja, porque tiene una convicción profunda por el medio ambiente y por la calidad de vida de las comunidades. Pero tenemos un vacío en nuestra legislación actual que permite la instalación de las termoeléctricas tan cerca de Santuarios de la Naturaleza. Nos haremos cargo de este vacío en el futuro”. Estas explicaciones quedaron refrendadas con la invitación a almorzar a los dirigentes de la CPC, encuentro que marcaría la vuelta de página del episodio con la cúpula empresarial.
Reflota la agenda ambiental
Las secuelas de la polémica por la central Barrancones, llevó a que el gobierno activara la agenda ambiental y anunciara profundos cambios a la legislación. Se reflota y se le otorga mayor interés a la discusión de uno de los proyectos emblemáticos en materia ambiental y que se encuentra entrampada en el Congreso: los Tribunales Ambientales. El organismo acogería las reclamaciones que se presenten en materia medioambiental y que actualmente, lo ven los tribunales ordinarios de justicia y no uno especializado como sería en este caso. De existir esta institución, la polémica de la central Barrancones tendría que haberse resuelto a través de dicha instancia. Ello le habría evitado al gobierno la polémica que se suscitó luego de la decisión de Sebastián Piñera. Por ello, La Moneda decidió darle máxima prioridad a la agenda ambiental aprovechando la coyuntura, con el fin de provocar un debate político más profundo sobre esta situación. Por ejemplo, el presidente Piñera estaría trabajando en el mapa de zonificación que solicitó a los ministerios de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y que contendría un catastro de aquellas zonas o terrenos a lo largo del país que deben ser conservados inalterables. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer su contenido ni sus alcances. Es más, para algunos ni siquiera estaría siendo considerado. El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, reconoce que el tema medioambiental es una de las preocupaciones centrales del ejecutivo. “El gobierno tiene una política ambiental muy intensa que va desplegarse con mucha mayor fuerza en los próximos meses”. A modo de ejemplo, anunció que durante septiembre, se pretende que quede instalada la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente. Adicionalmente, se está trabajando en la agenda que tiene que ver con la promulgación de normas y la creación de nuevos santuarios. “Tenemos un vacío institucional para casos especiales como lo es Punta de Choros y por eso vamos a trabajar en cambiar la institucionalidad. El Gobierno tiene plazo para mandar un proyecto de ley de la creación del Servicio de Parques de la Biodiversidad y vamos a incorporar este concepto de áreas de conservación estrictas, donde no podrán desarrollarse centrales”. “Estamos elaborando una iniciativa legal que permita cumplir el propósito del presidente Piñera, que es preservar dichas zonas que tienen un patrimonio muy relevante”, afirmó el titular de la Segpres.
¿Para dónde va la agenda energética?
Casi nadie se atreve a decirlo públicamente, pero la decisión de Piñera respecto de la central Barrancones, fue un balde de agua fría para el sector eléctrico chileno. En el área creen -más bien, quieren creer- que se trató de una decisión puntual, pero que abrió una puerta que costará mucho cerrar. El problema es el siguiente. La intervención de Piñera generó confusión, porque se pasó a llevar los conductos regulares. Es decir, hubiese sido mejor que Piñera optase por otros caminos menos evidentes de intervención, señalan. La duda al respecto es ¿qué garantías daría la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA)? En estudios e inversiones previas, GDF-Suez gastó US$ 15 millones en Barrancones que, al final, no generaron ningún retorno. “Plata a la basura”, dicen en el sector. Otra queja apunta a la falta de una política clara en materia de generación. Advierten que, más allá de la discusión actual, el país requiere de 10.000 MW de potencia instalada adicionales de aquí a 2020. De no concretarse HidroAysén y otros proyectos hídricos, y desechar también el carbón, esta meta será imposible. Por tanto, se requieren señales claras que, por ahora, no parece haberlas. Algunos personeros del sector creen que la protesta ciudadana tras la aprobación de Barrancones, no será nada cuando se apruebe HidroAysén. Si se llega a aprobar. ¿Qué hará La Moneda? Pero, en las últimas semanas, la agenda del ministro de Energía, Ricardo Raineri, se ha centrado en otros aspectos: eficiencia energética y energías renovables. Prueba de ello es el envío al congreso de un proyecto de ley para apurar la obtención de permisos para concesiones de geotermia y el lanzamiento de una nueva licitación. Según algunos expertos, Raineri debería revisar la negativa del gobierno a decidir en este mandato si se va o no hacia la energía nuclear. Como para comenzar a recomponer relaciones con el sector.
FUENTE: DIARIO FINANCIERO