Corte Suprema rechaza en forma unánime la construcción de la Termoeléctrica Castilla

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La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió de manera unánime el recurso presentado por comunidades agrícolas contrarias a la central termoeléctrica Castilla, en la Región de Atacama. De esta manera quedó rechazada la construcción del proyecto de la firma MPX, perteneciente al empresario brasileño Eike Batista

Los ministros Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem, Juan Escobar (suplente), fueron quienes resolvieron los recursos relacionados con los proyectos de Puerto y Central Castilla, en la Tercera Sala.

El fallo de los ministros argumenta que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) debía presentar en conjunto el proyecto de la Central, incluyendo al Puerto Castilla, puesto que éstos “consituyen una unidad”. Además, la Suprema revocó un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rechazado una acción cautelar en contra de la construcción del Puerto Castilla.

“Si bien tanto el puerto, como la central han sido sometidos a evaluación, no puede afirmarse lo mismo con la conexión entre dichos proyectos”, explica el fallo.

De esta manera, se destaca la relación de dependencia entre la turbina generadora con la que contará la central termoeléctrica, la que funcionará con petróleo como combustible. Tal combustible “llegará al complejo desde el puerto en camiones o en tuberías, el cual será descargado y almacenado en 4 estanques en superficie de 3.000 m3 cada uno”, destaca el fallo.

Por lo anterior, la Corte Suprema dispuso “como medida de tutela constitucional”, que los titulares de los Proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla tengan que presentar un estudio de impacto ambiental (EIA) “que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo Diesel B”, según se aprecia en el fallo.

MPX había llegado a acuerdo en forma reciente —a mediados del mes de agosto— con el Sindicato de Pescadores de Bahía Chascos, representados por el abogado Lorenzo Soto, además de dos agrupaciones de pescadores de Caldera, representados por los abogados Cristián Tapia e Ignacio Poblete.

De esta manera, la Corte Suprema acoge el recurso de protección que mantenía la comunidad de Totoral, quienes no habían aceptado un acuerdo por parte de la termoeléctrica.

El proyecto Castilla incluye una inversión de US$ 4.500 millones para la construcción de una central termoeléctrica que funcionaría con carbón y petróleo, y que inyectaría 2.100 MW al Sistema Interconetado del Norte Grande (SING).

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