Blanlot y Punta Alcalde: “Estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país”

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La necesidad de tramitaciones ambientales más rigurosas, el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental y la necesidad de una actitud más presente del Estado en temas energéticos. Eso dejó en evidencia, según la ex secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el jueves invalidó el pronunciamiento con que el Comité de Ministros aprobó en diciembre el proyecto de carbón impulsado por Endesa Chile, Punta Alcalde. Ahora queda en la misma situación que otras iniciativas eléctricas, entre ellas Central Castilla, que han sido paralizadas judicialmente.

¿Qué le parece el fallo de la Corte de Apelaciones por Punta Alcalde?

Lo que pasó con Punta Alcalde tiene varias lecturas. El fallo plantea que la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama mostró que habían impactos ambientales y que se está amenazando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, y por lo tanto valida la relevancia de la evaluación realizada por la instancia regional. También arguye que el Comité de Ministros no se refirió a los aspectos que estaban en disputa en la reclamación, es decir, hace un llamado a sujetarse estrictamente a la normativa que rige el Comité de Ministros. Finalmente, dice que no se puede introducir una forma de compensación de emisiones en forma ajena a todo el procedimiento reglado anterior. Por lo tanto, por un lado está el serio problema que tenemos en el sector energético, pero también la necesidad de que se respete la institucionalidad. Ha habido una judicialización que ha trabado el desarrollo eléctrico, pero eso no se corrige con salidas de la institucionalidad que entorpecen y se constituyen en nuevas barreras. La intervención del Comité de Ministros no ayudó. Eso es un llamado de atención relevante. La Corte de Apelaciones cuestionó el método o funcionamiento más que el fondo. Dijo: no pueden introducir compensaciones que no se hayan visto en el procedimiento de evaluación.

¿Se desprestigió el procedimiento de la institucionalidad ambiental?

Dos errores no hacen una decisión correcta, incluso si uno piensa que la Corema se equivocó al rechazar Punta Alcalde. Aprobarlo de esa manera en el Comité de Ministros no ayuda. Desprestigia al modelo. Además, quienes están en contra tienen más argumentos para decir que las cosas se hacen por secretaría.

¿El proceso de evaluación ambiental debe mejorarse?

Absolutamente. Se requiere mirar en profundidad dónde están fallando las cosas. Este caso tuvo cinco adendas y recién en la tercera se introdujeron las objeciones que después dieron pie al rechazo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que después de cerca de casi dos años de procesamiento se ingresen exigencias no consideradas antes?

¿Qué se debe perfeccionar?

Deben aclararse los parámetros con los cuales se medirán los proyectos. Debe haber un trabajo previo desde el punto de vista de las instituciones técnicas que participan, en el que se definan los criterios de evaluación. El sistema se ha tornado impredecible, sin que desde el punto de vista medioambiental sea más riguroso.

¿Este tipo de actuación es de este gobierno o siempre ha sido así?

Ha sido cada vez peor. Los criterios de los servicios cambian de región a región, y de un proceso a otro. Y, además, con el sistema actual el agente privado hace lo que a él le parece que sería más atingente. Debe avanzarse hacia líneas de base elaboradas por el Estado, y a metodologías e incluso guías de evaluación por tipo de proyecto. Necesitamos procesos técnicamente definidos, con rigurosidad, en que efectivamente el tema ambiental sea lo relevante para las autoridades locales y no la prioridad económica del empleo en la región.

¿Qué fallas tienen las evaluaciones desde el punto de vista técnico?

Hay fallas cuando los servicios fluctúan en sus exigencias y cambian los criterios sobre la marcha en una evaluación, a veces sin explicación clara. El criterio técnico ambiental se puede pasar a llevar por prioridades económicas, pero también por agendas políticas regionales. Puede haber presión política para que un proyecto no se apruebe. Cada vez que priman las consideraciones políticas sobre la rigurosidad técnica se abona el camino a una mayor judicialización. Estos no son fenómenos asociados al gobierno de turno, han venido aumentando desde años atrás. Lo nuevo es cómo se manejó el Comité de Ministros.

¿En qué sentido?

El Comité de Ministros se ha venido manejando sin suficiente respeto por las normas y plazos legales. Se ven los proyectos según le parece al Ejecutivo, lo cual ya es un nivel de discrecionalidad que raya en la arbitrariedad y esto también desprestigia al sistema. Antes el énfasis estaba en contestar a las objeciones y reclamaciones estrictamente. Aquí (con Punta Alcalde), no se dio respuesta a los temas de fondo, sino que se introdujo una modificación a las compensaciones, no considerada antes en el proceso.

¿Esto se lo ha planteado al Presidente Sebastián Piñera?

Si bien en su momento tuve la oportunidad de conversar con el Presidente Piñera sobre el tema eléctrico, no hablamos sobre el tema ambiental, aunque sí en alguna reunión se comentó la judicialización. Diría que ha faltado en este gobierno una discusión centrada en cómo evitarla. Existe una falta de acción respecto a entender el fenómeno que lleva a la judicialización para evitarla. El 70% de la judicialización de proyectos no tiene que ver con medioambiente, sino con demandas sociales de las comunidades. Hay que hacer un trabajo en esta área.

¿Qué tipo de trabajo?

La forma en cómo se manejan las compensaciones no es adecuada. Muchas veces responde a prioridades de dirigentes, que en ocasiones no son suficientemente representativos. Por eso, pueden haber negociaciones inconducentes, y que no llevan a compensaciones eficaces.

¿Se está pagando a la vocería?

En cierta forma se paga de acuerdo con la vocería. Cómo se compensan social y ambientalmente los costos de un proyecto tiene que ser parte de un proceso más reglado. Podría existir un monto definido de los proyectos que van a mitigación, y a compensación social y ambiental. Se necesita alguna especie de unidad especializada, quizás con el Ministerio de Desarrollo Social, que analice en profundidad a las áreas dónde hay un impacto ambiental y social. No para compensar el daño, sino para mejorar el hábitat social y ambiental en la zona.

¿Así se puede ganar la confianza de las comunidades?

Existe una percepción de que los proyectos resultan sólo en beneficio para las empresas y no para beneficio de la sociedad. La sociedad tiene que recuperar la confianza en las instituciones en este sector. Se requiere el liderazgo del Estado como garante de que el desarrollo eléctrico es para beneficio de la sociedad.

¿Cómo se beneficia la ciudadanía con el desarrollo energético?

No hay crecimiento ni aumento del bienestar sin energía a precios razonables. En estos momentos las licitaciones de suministro para las distribuidoras que abastecen a los hogares consideran un precio techo de US$ 130 MWh y a esos precios seguramente no habrá ofertas suficientes. Para despejar las licitaciones, la única opción es que se indexen al costo marginal (precio spot).

Esta semana el gobierno se abrió a indexar al costo marginal…

No existe ninguna otra posibilidad económica y políticamente viable en el corto plazo, más que reflejar el costo marginal en la indexación, pero se requiere un procedimiento de aplicación como el de la Ley Corta II del 2005.

¿Qué pasa si los proyectos eléctricos siguen siendo trabados?

Si no se resuelve el problema del desarrollo eléctrico en forma eficiente, y a menores costos, la pérdida de competitividad es una grave amenaza. Países como Perú tienen costos de energía de US$ 60/MWh. Para la ciudadanía una economía no competitiva, con una energía cara, tiene un costo altísimo.

¿Afecta el crecimiento?

Por supuesto. De hecho, estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país. Esto del tema eléctrico no es un problema de tarifas un poco mayores o menores, que eran las discusiones del pasado, dentro de rangos aceptables. No, hoy nos estamos jugando el desarrollo industrial, minero y de las áreas donde queremos una economía con mayor valor agregado. Debemos encontrar estrategias para un desarrollo eléctrico que evolucione hacia menores costos. Es muy difícil, porque no tenemos recursos baratos. No tenemos hidroelectricidad a las puertas de Santiago y no tenemos carbón. No tenemos gas propio sin grandes costos de transporte. Todas nuestras opciones tienen un costo más alto.

¿Qué se puede hacer?

Además de un mejor manejo de la dimensión ambiental y social, es necesario asegurar que no se cometan errores regulatorios o en la planificación que agraven el problema. Por ejemplo, los atrasos que hoy existen en la transmisión troncal, que eran evitables. Son varios los frentes en que se debe actuar: mejorar el ordenamiento del uso del territorio para centrales térmicas, y estimular el aprovechamiento de economías de alcance en el desarrollo de infraestructura; eliminar trabas a un uso más intensivo de GNL en la medida en que sea competitivo; facilitar la conectividad de los proyectos de ERNC y pequeños proyectos al sistema troncal, entre muchas otras áreas de acción. Pero tal vez lo más importante es no cometer errores regulatorios, identificar tempranamente los conflictos ambientales y sociales asociados a diversos tipos de proyectos, e introducir un sistema de planificación potente de largo plazo.

¿Cómo ve la crítica del sector respecto a que ninguno de los candidatos a la presidencia ha expresado propuestas energéticas?

Ambas candidaturas (las con mayor opción) deberán tener un programa energético analizado muy cuidadosamente. El próximo gobierno enfrentará cuatro años difíciles. En términos concretos, y según lo que está en construcción en materia de generación, en el 2013 entrarán aproximadamente 1.000 MW, cerca de 300 MW el 2014, y prácticamente nada en 2015, ni 2016. Eso, frente una demanda que requiere cerca de 500MW anuales adicionales. Es decir serán cuatro años con sequía de desarrollo. En 2017 y 2018 la situación no cambiará si no se actúa desde ahora sobre los factores que han llevado a esta situación. En los próximos cuatro años se requerirá una gestión final para sobrellevar el período y permitir que a partir de 2017 y 2018, las perspectivas mejoren. La discusión de los temas energéticos está recién en pañales, no sólo en las candidaturas, sino también en la sociedad.

¿Cómo evalúa el “no” a HidroAysén y la propuesta 30/30 de Michelle Bachelet?

No le veo mayor problema a lo que dijo. Al 2030 sí podemos llegar a un 30% de Energías Renovables, dependiendo de lo que entendamos por renovables. Si bien no más del 20% puede ser de energías no firmes (eólica y solar), sí podemos llegar a mayores niveles con geotermia e hidroelectricidad.

Dada nuestra situación, no podemos negarnos a priori al desarrollar ningún tipo de energía. Tampoco a la energía de Aysén, ni nuclear. Sin embargo, si la oposición social a alguna energía es muy generalizada, se convierte en inviable.

Como sociedad debemos cambiar la mirada sobre el sector energético. Para que la energía hidroeléctrica de Aysén, y eventualmente la energía nuclear sean viables, se requiere demostrar que tienen beneficios para toda la sociedad y que sus costos ambientales y riesgos son manejables y menores a los beneficios. Mientras no se den esas condiciones, es decir garantía de rentabilidad social y distribución adecuada de los beneficios, es difícil que se viabilicen socialmente proyectos de gran envergadura.

 

FUENTE: LA TERCERA

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