Recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que en el trimestre móvil agosto – octubre de 2018 la tasa de desocupación laboral del país alcanzó un 7,1%. Esta cifra aumenta en algunas regiones del país, alcanzando un 8% promedio principalmente en la Región de O’Higgins, Antofagasta, Atacama, y Coquimbo.
Por esta razón, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputado, Jaime Mulet, valoró la aprobación de un proyecto de resolución que pide al gobierno que adopte medidas urgentes para hacer frente al desempleo en las regiones del país. Lo anterior, en el marco de la sesión especial solicitada por legisladores de la oposición para analizar el preocupante aumento del desempleo a nivel nacional y la considerable alza en la liquidación de empresas, durante los últimos seis meses,
Al respecto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), señaló que “es un proyecto muy importante, porque en resumen le pedimos al Ejecutivo que ponga atención en dos temas que hemos tratado reiteradamente nosotros, que tiene que ver con la reactivación de la pequeña minería por un lado y la construcción de vivienda por otro”.
“Lo primero, que a través de una buena política de fomento de Enami se puedan reabrir nuevas faenas mineras de pequeños mineros, de pirquineros, de medianos mineros, todos sabemos que eso activa el empleo, el comercio, los talleres y el transporte local es muy importante para Atacama. Y asimismo, se agilice y aumente la construcción de viviendas, pues tenemos un déficit, son solo cuatro años que dura el gobierno y si bien se ve algún avance, se requiere un ritmo mucho más rápido y una cantidad más elevada de viviendas sociales que construirse”.
El proyecto
En resumen, el proyecto de resolución llama al Gobierno a adoptar políticas, planes y programas que tengan el objetivo de reducir los altos niveles de desempleo que se experimentan en distintas regiones del país, las cuales deben tener una mirada sectorial para cada zona.
Asimismo, se pide instruir en los sucesivos presupuestos un aumento de los recursos destinados a los diversos programas de empleo del Estado; incrementar los fondos de los programas de fomento de la pequeña y mediana minería y del Indap; aumentar los dineros destinados a la construcción de viviendas sociales en las regiones del norte; e impulsar medidas legislativas y administrativas que otorguen facultades a los órganos del Estado para prevenir, anticipar y, en su caso, intervenir situaciones de insolvencia de empresas que tengan contratados una gran cantidad de trabajadores.