Ante la denuncia de la concejala en Contraloría, el exalcalde del puerto Rodrigo Loyola, señaló que “valoro que los concejales hagan su trabajo y soliciten las investigaciones que estimen pertinentes. Únicamente debo hacer presente que este fue un derecho funcionario que yo poseía desde mucho antes de ser alcalde, conforme al Estatuto de Funcionarios y que fue uno de los beneficios que el Municipio ofertó en aquellos años para contar con profesionales en Huasco. Esto no ocurrió solo conmigo, sino que se otorgó también a muchos otros profesionales y siguió operando porque los alcaldes nos regimos también por esa normativa y nunca nos representamos esto como una problemática. Tampoco requería de acuerdos de Concejo porque eso solo corresponde cuando es el Municipio el arrendador”.
“Comprendo que al mirar esta situación hoy, con ojos del 2021, pueda parecerle a los nuevos concejales que no corresponde, y hasta cierto punto yo entiendo su inquietud y entonces asumo que debí ser más cuidadoso con las señales de privilegio que esto permite interpretar hoy, no obstante que haya sido perfectamente legal, pero debo ser conscientede que es crítica válida y por tanto estoy llano a acatar lo que Contraloría establezca. Hago presente que el actual alcalde revocó este derecho y yo no he planteado objeciones a ello porque comprendo los nuevos estándares que la ciudadanía exige, pero reitero que este se trató de un derecho funcionario que fue establecido muchos años antes de yo ser alcalde”.
y que simplemente se renovó al igual que el resto de arriendos para funcionarios del Municipio.
