El viernes pasado comenzó el juicio por procedimiento de tutela laboral entre la ex administradora municipal del municipio de Vallenar, Patricia Herrera y la administración de Armando Flores, luego de que esta fuera desvinculada el año pasado de la institución y posteriormente detallara en su demanda, ciertas situaciones que ponen en tela de juicio la labor edilicia, como una supuesta “co-gobernanza” existente en el edificio de Plaza n°25.

Junto con el inicio de este juicio, se suma la notificación al municipio de un nuevo procedimiento por tutela laboral, esta vez de parte de la ex directora de la unidad jurídica del municipio, Paula Garay Vicencio, quien fue desvinculada por el alcalde Flores mientras esta última se encontraba con licencia médica.

Junto con ese hecho, y según se lee expresamente en el documento, Garay señala que “durante mi estancia en la Municipalidad fui objeto de actuaciones y hechos que eran constitutivas de acoso laboral por parte del sr. alcalde y de su pareja, que repercutieron en forma negativa en mi salud mental. Estos decían relación con exigirme el cumplimiento de funciones fuera del horario laboral, mediante llamados y mensajes de Whatsapp, incluso los fines de semana, en exigirme que trabajara cuando estaba haciendo uso de una licencia médica, y en hostigamientos constantes de parte de la pareja del alcalde. En este sentido es necesario explicar… que en la Ilustre Municipalidad de Vallenar se daba y se da una situación anómala y particular, que consiste en una especie de co-gobernanza, toda vez que la pareja del alcalde, daba instrucciones y órdenes, dirigiendo al grupo de funcionarios de confianza, sin tener facultad alguna para hacerlo, pues no tenía vínculo jurídico alguno con la denunciada”, explica.

Garay explica en el documento que “fue de tal magnitud este hostigamiento que, incluso… sin ser letrada o tener alguna carrera a fin con el derecho, la señora Ramírez cuestionaba mi desempeño en algún juicio, pidiéndome explicaciones del resultado del mismo, por ejemplo SS., ante un resultado adverso en un recurso de protección, con fecha 11 de abril de 2022, ¡¡¡me manda un mensaje diciendo “Paula!!! Acogieron el recurso???, a lo cual le respondí “Si Paola el sábado hablamos de este tema con Armando, vamos a apelar a la Suprema”, a lo que me señala “es impresentable”, mi única respuesta en ese momento fue señalar “que quieres que te diga”, recibiendo como respuesta “que la pega se haga bien y se pueda confiar”.

Asimismo, da a conocer otro episodio que a juicio de la ex funcionaria, considerada acoso por parte de Flores, que “consistía en la exigencia permanente de publicar en nuestras redes sociales personales, todas las gestiones que él hacía. Si estás publicaciones no se realizaban nos llamaba severamente la atención en las reuniones que teníamos como equipo de confianza. Todo lo expresado no es baladí, por cuanto estas acciones constituyeron el origen de mis licencias médicas y mi posterior calificación de mi afectación psíquica como laboral. Como estos episodios eran constantes empecé a notar cambios negativos en mi fuero interno, que se materializaban en ansiedad, problemas de sueño, falta de apetito, jaquecas, crisis de pánico y estrés grave”, señala Garay.

Ante esto, la abogada está solicitando que el municipio se le condene al pago de más de $50 millones de pesos por concepto de 11 remuneraciones mensuales, y a $20.000.000 por concepto de daño moral, entre otros.

Desde el municipio señalaron que «se han entregado todos los antecedentes a la justicia conforme a ley».

# Esta nota revela la posición de una parte de un juicio que no necesariamente representa una realidad judicial que debe ser establecida por los tribunales tras el debido proceso respectivo.