En medio de los temas que ocupan la agenda pública en la provincia del Huasco —desde la seguridad ciudadana hasta el cambio climático— hay una realidad estremecedora que, aunque menos visible, exige una reacción urgente y sostenida: el aumento sostenido de denuncias por violaciones y delitos sexuales en la zona, especialmente en la comuna de Vallenar.
Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), en lo que va de 2024 se han registrado 73 denuncias por delitos sexuales en la provincia. Vallenar concentra más del 70% de los casos con 52 denuncias, seguida por Huasco con 11 y Freirina con 10. Alto del Carmen, en contraste, reporta cero, lo que no necesariamente significa ausencia de casos, sino posiblemente subregistro o silencio.
El caso más reciente conocido en Vallenar —que involucra a un imputado acusado de violación reiterada contra una menor de su círculo familiar— revela no solo el profundo daño individual que estos delitos provocan, sino también una estructura institucional todavía insuficiente para prevenir, contener y reparar a las víctimas. Este hombre estuvo prófugo durante meses, y sólo gracias a la acción coordinada entre la Fiscalía y la PDI fue finalmente detenido. Su formalización por delitos gravísimos, como violación reiterada de una menor de 14 años, nos recuerda que la violencia sexual no es un tema lejano ni aislado, sino un flagelo que se produce al interior de hogares, muchas veces amparado en el silencio, el miedo o la impunidad.
Los datos son más que estadísticas. Cada número representa una historia de sufrimiento, un grito ahogado, una infancia rota. Y sin embargo, pese al impacto que debería tener esta información, las cifras de detenciones son alarmantemente bajas: apenas 10 en todo el año, las mismas que en 2023. Esto plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema de justicia y la urgencia de avanzar hacia procesos más rápidos, eficientes y centrados en las víctimas.
Es tiempo de comprender que la violencia sexual no se combate únicamente desde la persecución penal, sino también desde la educación afectiva, el fortalecimiento comunitario, la formación en derechos y una red sólida de prevención, atención y reparación. El Estado debe garantizar acompañamiento integral para las víctimas, formación especializada para policías y fiscales, y campañas de prevención que lleguen a cada rincón de la provincia.
El caso de Vallenar y el reciente informe del CEAD deben ser un llamado de alerta, pero también una convocatoria a la acción multisectorial. Si queremos una provincia más segura, justa y humana, no podemos permitir que los abusos sexuales continúen ocurriendo bajo nuestro silencio. La verdadera seguridad parte por proteger a quienes no pueden alzar la voz: niñas, niños y adolescentes que merecen crecer libres de violencia y con plena dignidad.
