Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2024, dados a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública y el INE, confirman lo que ya era un clamor cotidiano en calles, plazas y redes sociales: Chile tiene miedo, y Atacama, también.
Con un 92,4% de sus habitantes señalando que la delincuencia ha aumentado, la Región de Atacama se ubica entre las tres regiones con mayor percepción de inseguridad en el país, superada solo por Ñuble y Antofagasta. Esta cifra es mucho más que un dato estadístico: es el reflejo de la angustia de miles de personas que hoy evitan salir de noche, que ya no usan el celular en la vía pública o que dejaron de llevar dinero por temor a ser asaltadas. Es la expresión de una región que, pese a su tamaño y densidad poblacional más baja, se siente tan o más vulnerable que Santiago o el norte extremo.
La paradoja es clara: aunque los índices de victimización efectiva en hogares (8,5% a nivel nacional) no ubican a Atacama entre las más afectadas en cifras duras, la sensación de inseguridad se ha disparado. Y esto debiera alertar con igual fuerza que las cifras objetivas. Porque la seguridad no solo se mide por delitos consumados, sino también por el impacto psicológico y social que genera vivir con miedo permanente. Si la ciudadanía siente que no puede caminar tranquila por Copiapó, Vallenar, Chañaral o Caldera, el tejido social comienza a erosionarse. Y con ello, también la confianza en las instituciones.
La Enusc 2024 también evidencia un alza sostenida en delitos de robo, amenazas violentas y delitos económicos, así como en ciberdelitos. En un país que digitaliza servicios pero no protege a su ciudadanía en línea, los delitos digitales ya afectan al 6,6% de los hogares. La violencia verbal y simbólica, las amenazas a través de redes sociales o incluso en entornos vecinales, son nuevos frentes que requieren atención urgente.
Atacama necesita más que promesas generales: requiere una estrategia territorial específica, pensada para su realidad social, demográfica y geográfica. El centralismo en las decisiones de seguridad ha demostrado sus límites, y hoy urge fortalecer la capacidad operativa de los municipios, carabineros, fiscalías y organizaciones sociales locales.
No es admisible que Atacama, históricamente rezagada en inversión pública, también quede rezagada en garantías básicas como la seguridad. La percepción de inseguridad no se combate solo con presencia policial, sino con confianza, recuperación urbana, prevención real.
Es hora de que Atacama convoque a un pacto regional por la seguridad, que no sea solo reactivo ante las cifras sino proactivo en construir comunidad, recuperar barrios y enfrentar las nuevas formas de delincuencia con inteligencia, prevención y participación ciudadana.
