Los resultados del Censo 2024 no hacen más que confirmar lo que muchos en la provincia del Huasco han sentido por años: nuestra educación arrastra una deuda estructural. Mientras el promedio nacional de escolaridad bordea los 12,1 años, Atacama apenas alcanza los 11,8. Y en comunas como Huasco o Alto del Carmen, el acceso a estudios superiores es todavía una excepción más que una norma. Esta brecha no es solo una cifra en un informe, es un reflejo de exclusión y abandono territorial.
El rezago educativo en nuestra provincia tiene causas conocidas: deficiencias de infraestructura, pobreza persistente, falta de acceso a una oferta formativa amplia, e incluso un sistema educativo que, lejos de motivar, muchas veces margina. Lo ha dicho con claridad el presidente regional del Colegio de Profesores: los colegios muchas veces no están cumpliendo su función de atraer y retener estudiantes, mientras las condiciones externas –económicas y sociales– siguen expulsando a los jóvenes del sistema.
Sin embargo, también hay luces de esperanza. Desde las instituciones de educación superior, surgen esfuerzos concretos como el PACE, convenios con liceos técnicos y sistemas de acceso sin PAES que abren puertas a jóvenes que antes no las tenían. Desde el SLEP Huasco también se reportan iniciativas como la revinculación educativa y aulas de reingreso. Pero la pregunta que no podemos dejar de hacernos es: ¿basta con estos esfuerzos fragmentados cuando el problema es estructural?
La provincia del Huasco necesita más que voluntad. Requiere inversión sostenida, planificación territorial educativa, y un compromiso real del Estado para nivelar la cancha. Porque mientras no garanticemos el derecho a una educación digna, equitativa y atractiva en todas nuestras comunas, seguiremos condenando a generaciones a mirar desde lejos las oportunidades que otros sí tienen por derecho.
Ya no es tiempo de diagnósticos. Es tiempo de acción. La educación en el Huasco no puede esperar otra década para ser prioridad.
