La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público de la Región de Atacama, AFRA, en conjunto con Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, han tomado conocimiento a través de medios de prensa, que el Gobierno ha manifestado su voluntad para destrabar el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, el que debiera ser enviado por el Ejecutivo al Congreso durante el mes de abril del año en curso.
Para ello ha convocado a una mesa técnica donde participarán: el Ministro de Justicia, la Directora de Presupuestos, la Fiscalía Nacional y la Asociación de Fiscales. A esta instancia técnica, no se invitó a los representantes de los funcionarios, pese a las variadas solicitudes que se han presentado por la vía oficial.
Al no considerar la voz de las 3.121 personas (auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales) que integramos la fuerza de los equipos investigativos y de trato directo con los usuarios, especialmente de víctimas y testigos, sentimos que se esta discriminando abiertamente al segmento más representativo de la Institución.
Entendemos que ningún proyecto que excluya la participación y representación funcionaria que suma el 83% de la planta Institucional, podrá subsanar de forma realmente eficaz y eficiente las falencias que aquejan al Órgano Persecutor, tanto en lo que respecta al déficit de capital humano como la funcionalidad del mismo.
Somos los funcionarios, los que en los hechos, soportamos una enorme carga de trabajo, muchas veces con largas jornadas laborales, turnos nocturnos y en días domingo y festivos, los 365 días del año, haciendo frente a una preocupante desnaturalización de funciones, producto del aumento sostenido en las causas criminales que ingresan en las distintas fiscalías de Chile.
Es más, como institución hemos realizados grandes cambios en los modelos de trabajo, específicamente con la implementación del sistema TCMC (tramitación de casos menos complejos) que absorbe casi el 80% de los casos que son recepcionados en las fiscalías locales, que son tramitados por funcionarios (abogados ayudantes, técnicos jurídicos y administrativos), liberando a fiscales para la investigación de casos de mediana y alta complejidad.
Los trabajadores de esta Institución no estamos pidiendo incrementos salariales, incluso hemos pospuesto justas reivindicaciones tales como: suplencias, subrogancias, bonos por turnos nocturnos, asignación de título para todos los estamentos, apertura de grados para una efectiva carrera funcionaria, entre muchas otras, entendiendo que hay un fin superior: el fortalecimiento de la Fiscalía de Chile. Sin embargo, estimamos justo demandar el aumento de dotación para fortalecer nuestras condiciones laborales y entregar así, hoy y mañana, un mejor servicio a los usuarios de este sistema procesal penal, que se implementó con la promesa de acabar con los problemas del sistema antiguo.
Sin embargo, evidenciamos que eso no está ocurriendo, muy por el contrario, estamos camino de convertimos en los “modernos actuarios del sistema procesal penal”, con todo el efecto negativo que ello conlleva, tanto para funcionarios como para la ciudadanía.
Estimamos imprescindible que el Gobierno nos incluya en la mesa técnica referida anteriormente, a fin de aportar nuestra vasta experiencia, adquirida durante los 12 años de funcionamiento de la reforma procesal penal, con el propósito de contribuir a consolidar una propuesta que recoja las reales necesidades de todos los actores involucrados y contribuya realmente al fortalecimiento de la institución, lo que en definitiva, irá en directo beneficio de la ciudadanía, aportando significativamente a mejorar la percepción respecto de la real preocupación de las autoridades por el aumento de la delincuencia en Chile.
