Juzgado de Garantía de Vallenar deja con arraigo nacional a consejera regional imputada por falsificación y uso malicioso de documento público

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El Juzgado de Garantía de Vallenar dejó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse y establecer cualquier forma de comunicación con dos testigos de la causa, a la consejera regional de Atacama Rebeca Magaly Torrejón Sierra, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de uso malicioso de documento público, perjurio y obtención fraudulenta de remuneraciones. Ilícitos que habría perpetrados a partir de 2017, en la ciudad.

En audiencia de formalización de la investigación (causa rol 215-2018), el magistrado Daniel Herrera Marín desestimó a la solicitud del Ministerio Público de decretar el arresto domiciliario de la imputada por estimar que las medidas cautelares impuestas permiten asegurar los fines del procedimiento. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, en diversas ocasiones durante 2017, Torrejón Sierra concurrió al liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar para solicitar a una funcionaria del establecimiento certificados de estudios de cuarto año de enseñanza media, logrando la licencia de enseñanza media y certificado anual de estudios, documentos ideológicamente falsos, debido a que la imputada nunca fue alumna ni menos aprobó el cuarto medio en dicho liceo, en 1975.

La imputada utilizó los certificados para presentarse a candidata al cargo de consejera regional en agosto de 2017, ante el Servel, en la circunscripción provincial del Huasco. Ocasión en la que acompañó, además, una declaración jurada ante notario, como exige la ley, en la cual consignaba cumplir con los requisitos constitucionales y legales, y no estar afecta a las inhabilidades para postular al cargo de consejera regional, pese a no cumplir con dichos requisitos. Torrejón Sierra resulto electa y declarada consejera regional por la circunscripción provincial del Huasco, percibiendo desde su nombramiento y en su calidad de funcionaria pública, por concepto de pago de dieta entre marzo de 2018 y agosto de 2020 la suma de $45.679.136.

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