El viernes 12 de abril se realizó la primera transferencia en el marco de la Ley de
Royalty, por un total de $93 mil millones, a 307 municipios del país. Estos
montos constituyen la mayor inyección de recursos frescos al sistema de
financiamiento municipal de los últimos 10 años, una cifra histórica que
materializa el avance hacia una mayor justicia e igualdad territorial.
La entrega de recursos se diseñó tras un acuerdo entre el Gobierno y los
parlamentarios, el que permite distribuir alrededor del 50% de lo que se
repartirá en 2025 cuando se concrete la mayor recaudación del Royalty Minero.
Para ello se generaron dos Fondos Puente.
El primero es el Fondo de Equidad Territorial que repartirá $70.755 millones, en
300 comunas, con el objetivo de compensar las brechas presupuestarias
existentes entre los municipios. El segundo es el Fondo Común Minero que
distribuirá $22.891 millones y está destinado a compensar las externalidades de
la actividad minera en 43 comunas del país.
La ley determinó que los recursos del royalty que reciban los municipios son de
libre disposición, aunque no podrán utilizarse para el pago de deudas
municipales. Su uso será determinado por la máxima autoridad comunal, en
acuerdo con su Concejo Municipal, en base a las necesidades más apremiantes
que identifiquen en sus territorios.
Posteriormente, deberán informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (Subdere) el destino de estos recursos y Subdere, a su vez,
informará al Congreso. Esta es una oportunidad para que la ciudadanía pueda
conocer en qué se gastaron los fondos y una ocasión valiosa para estudiar el
impacto de este significativo aporte.
Esta entrega de recursos es una demostración del compromiso del gobierno del
Presidente Gabriel Boric con la descentralización y el desarrollo de las regiones,
de manera que los recursos lleguen de manera justa a todas y todos los
habitantes de nuestro país.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel recordó que la Ley del Royalty fue fruto
de un largo ejercicio de diálogo entre el Gobierno con los partidos políticos, el
sector privado, académicos, las comunidades locales y la ciudadanía en general.
“Logramos ponernos de acuerdo en una fórmula que permitió armonizar las
posiciones: concordamos una forma novedosa de resolver el problema de la
carga tributaria y al mismo tiempo destinamos mayores recursos a las regiones
y las comunas reforzando la descentralización. Con estos nuevos recursos, por
ejemplo, en la región de Antofagasta, la comuna de Tocopilla podrá contar con
el primer Centro de Residuos de Construcción y Demolición, cuidando el
medioambiente y dando calidad de vida a los vecinos”, remarcó el secretario de
Estado.
La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “este es un hito muy
significativo porque materializa el aporte de la industria minera, a través del
Royalty, al desarrollo de los territorios y principalmente a la descentralización.
Chile es un país minero y nuestra industria aparte de ser uno de los principales
motores de nuestra economía aporta de manera concreta a las comunidades de
todo el país”.
“El Royalty a la gran minería permite recaudar recursos y distribuirlos a los
territorios que más lo necesitan. Esta inyección de recursos, que llega a casi el
90% de los municipios del país, es un hito histórico para nuestras regiones y
para la descentralización. Queremos potenciar el desarrollo local dotando de
mayor autonomía financiera a los municipios y continuaremos trabajando en
conjunto para que así sea. De esta forma, se podrán tomar decisiones con
mayor pertinencia territorial y fomentar la cohesión social de nuestro país”,
finalizó la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca
Perales.
